Mediante una reforma al artículo 166 de la Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco, la diputada del PRI, Katia Ornelas Gil, propuso que los Ayuntamientos, adquieran la obligación de que sea reparado el daño ocasionado a vehículos automotrices por caer en baches u oquedades existentes en las calles, avenidas u otras vías de jurisdicción municipal.
En su exposición en tribuna comentó que la reclamación deberá hacerse por escrito dirigido al presidente municipal, signado por la persona propietaria del vehículo o su representante legal y deberá acompañarse de las pruebas que acrediten el daño y en su caso el monto de las erogaciones que hubiere realizado; a falta de documentos el monto del daño se acreditará mediante un avalúo de daños y una vez concluido el procedimiento que se desahogará con el apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el presidente resolverá lo que en derecho corresponda.
Añadió que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2019-2 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante el segundo trimestre del presente año, el 98.2% de la población de 18 años y más identificó durante junio de 2019 algún tipo de problema en su ciudad, siendo baches en calles y avenidas el de mayor frecuencia a nivel nacional con el 79.8%.
“En la ciudad de Villahermosa, es cotidiano e inevitable caer en algún bache, toda vez que estas desigualdades en el pavimento aparecen de un día para otro y rápidamente se convierten en una oquedad que se va haciendo cada vez más profunda y grande”, puntualizó.
Comentó el principal problema radica en el daño que los baches le ocasionan a los vehículos pues provocan desde la ponchadura de una llanta, el daño de un rin, hasta daños en el sistema de suspensión y amortiguamiento, ya sea por caer en u bache o por el desgaste que sufren los vehículos al pasar por los diversos bases que existen en las calles y avenidas, llegando al grado de que existen casos de daños severos; y aunque muchos sabemos que esos daños los debería pagar el municipio, lo cierto es que terminan pagándolo los propios afectados porque no pueden parar el vehículo dañado.
“Intentar que la autoridad municipal responda por los daños ocasionados a una unidad automotriz dañada por caer en un bache, resulta un verdadero trámite tortuoso para él o la ciudadana, ya que tocar puertas de autoridad e interponer una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa representa un esfuerzo que incluye inversión de tiempo y de dinero por el pago de los honorarios de los abogados, que suele resultar más caro que lo que cuesta reparar el daño por cuenta propio”, asentó.
