Admite SCJN acción de inconstitucionalidad contra Ley de Obras Públicas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 99/2018 promovida por la Procuraduría General de la República y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas de Tabasco, ya que se afirma permite asignaciones directas de obra sin licitación, como se pretende hacer en el caso de la Refinería que pretende construir en el municipio de Paraíso el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fueron impugnados los artículos 45m fracciones XI y XII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 2 fracción XIV, 38 fracción IV y 39 fracciones XI y XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Cabe señalar que estas reformas se hicieron mediante Decreto número001 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 13 de octubre de 2018.

En contra de estas reformas se pronunció la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) Alejandra Palacios Prieto, quien anunció que se pediría una acción de inconstitucionalidad a la SCJN para detener ambos ordenamientos.

Cabe recordar que en sesión ordinaria del pasado 18 de septiembre del 2018 los diputados de la fracción parlamentaria de Morena presentaron una iniciática con proyecto de decreto por el que reforman dichos ordenamientos.

Dentro de los argumentos de la iniciativa según los diputados, es que con dicha modificación se agilizarán los procedimientos y establecen como casos de excepción a una licitación pública a los trabajos, obras principales o accesorias, servicios, adquisiciones y arrendamientos, así como todo lo que regulan dichas leyes cuando éstas resulten necesarias para la realización de obras o proyectos de algunas de las empresas productivas del estado, en materia de energéticos.

El documento contempla que se aplicará en los casos que se requiera para impulsar un proyecto donde se mejore de manera importante la infraestructura del estado, creando empleos e impulsando el desarrollo económico y social de la entidad, sin dejar de señalar la obligación de informar sobre éstas a los órganos de control interno de las dependencias y de ser aprobados por el Comité de Adquisiciones u Obras, según sea el caso.

Esto ante el anuncio de la Refinería que traería consigo una inversión de 150 mil millones de pesos y significaría la creación de 20 mil empleos formales en la zona y que sólo en el primer año se inyectarían recursos por 55 mil millones de pesos..

Esta reforma causó polémica a nivel nacional, ya que diversos sectores afirman que se fomenta la corrupción en la asignación directa de las obras además de que consideran que este tipo de modificaciones a la ley no favorecen la competencia económica ni el desarrollo.