Del año 2015 al año 2021 se han presentado en Tabasco un total de 10 mil 200 demandas por incumplimiento de asistencia familiar. Si bien los asuntos presentados ante el agente investigador se ha reducido, el número de denuncias contra los familiares incumplidos se redujo aún más de 2016 a la fecha, presentando un repunte para este 2021.
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Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, muestran por un lado que del año 2015 al año 2019 las denuncias presentadas contra las personas que han incumplido con su responsabilidad de asistencia alimentaria con sus hijos, pasaron de más a menos. De mil 976 demandas en el año 2015, alcanzaron mil 334 en el 2019.
Sin embargo, los datos de la dependencia federal muestran que, durante el año 2020, el primer año de la pandemia del Covid-19, cuando se redujo al mínimo la actividad administrativa del estado y se confinó a la sociedad para reducir la exposición al virus del SARS-CoV-2, en Tabasco el número de mujeres que se presentaron ante el Fiscal para demandar a sus parejas por incumplimiento de pensión alimenticia fue de 885.
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En 2020, después de cerrar en 93 denuncias de este tipo en el mes de marzo, para el mes de abril, las demandas por este delito que en la entidad se castiga con pena de seis a dos años de prisión, fue de solo una demanda.
Para el mes de mayo del año pasado, las demandas ante la Fiscalía se fueron recuperando paulatinamente hasta llegar a 110 en el mes de septiembre.
Después de esta caída en 2020, al cierre del mes de septiembre del año 2021 el número de incumplidos demandados ante el representante social es de 848, restando aún tres meses para que cierre el año.
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Todo indica que este 2021 con las restricciones sanitarias relajadas, las demandas por incumplimiento alimenticio con los descendientes, superará cuando menos a las registradas en 2020.
El Código penal del estado de Tabasco tipifica su artículo 206 el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el cual es castigado con prisión. Por su parte, algunos especialistas consideran que el incumplimiento en el pago de pensión alimenticia representa una violación a los derechos de la niñez, pero también constituye una forma de violencia contra las mujeres, la violencia patrimonial.