El caótico zigzag político y jurídico que atenaza al gobernador de Nuevo León, Samuel García, lo dibuja como un títere sujeto a mandos diversos, a los que debe un ascenso político alimentado por carretadas de millones de pesos con origen incierto. Encarna a un hombre de paja sujeto a dos ventiscas: la de Palacio, que lo empuja a una campaña presidencial para dividir al voto opositor, y la de un consenso de fuerzas locales, contrarias a permitirlo.
La semilla de la frágil condición del mandatario quedó sembrada desde antes de que conquistara la gubernatura, en junio de 2021. La élite empresarial regiomontana -adversa a los liderazgos priístas regionales- se decantó en favor de García Sepúlveda para desfondar también la candidatura de Clara Luz Flores, de vieja raíz tricolor, pero lanzada por Morena en una jugada que resultó fallida. Ante ello, el gobierno López Obrador se rindió ante lo inevitable, previo acuerdo que ahora ha quedado al desnudo. Hizo algo más: ofrecer impunidad al candidato de Movimiento Ciudadano (MC).
Documentos en poder de este espacio revelan que desde inicios de 2021 -meses antes de que ganara la gubernatura-, autoridades federales decidieron archivar reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) según la cuales García ameritaba ser procesado penalmente junto a integrantes de su primer círculo familiar -padre, suegro y esposa-, colocados al frente de empresas de subcontratación ilegal (outsurcing). El expediente respectivo alertaba también sobre el uso de cuantiosos recursos de origen desconocido para construir una falsa popularidad de este personaje mediante cuentas falsas en redes sociales.
Esta última ruta, exhibía el informe, supuso el gasto de cientos de millones de pesos antes y durante la campaña de Samuel García. A las empresas se les refería como cercanas al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro -postulado, como aquél, por MC. Tales compañías eran descritas como dedicadas a guerra sucia en redes sociales, con ingresos mayores a 300 millones de pesos aportados por las campañas de Alfaro desde 2015, primero como alcalde de Guadalajara y luego en su puesto de gobernador.
Indatcom, S.A. de C.V., EU Zen Consultores, A.C. y La Covacha Gabinete de Comunicación, S.A de C.V., ligadas entre sí, son descritas en el reporte como creadoras masivas de cuentas en redes sociales. De acuerdo con transferencias detectadas, entre 2017 y 2021 éstas pagaron al menos 200 millones de pesos a Google, Facebook, Instagram y otras redes para difundir noticias falsas y crear tendencias artificialmente.
Siempre de acuerdo con el informe aludido, desde la campaña de Samuel García se enviaron 10 millones de pesos a este grupo, presumiblemente reportados al Instituto Nacional Electoral (INE), pero en periodo de precampaña, en 2020, el despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, propiedad del político regiomontano, les pagó otros 13.3 millones, lo que supondría un acto ilegal que por sí mismo pudo haber atraído la anulación de su elección y aun puesto en aprietos el registro de MC como partido político.
La evolución de la crisis política en Nuevo León por el desastre de la estrategia trazada por García Sepúlveda para lanzarse a la contienda presidencial y a la vez pretender conservar el poder en Nuevo León, actualizará el rol del muy influyente sector empresarial en aquella entidad. Un bloque que ha demostrado, a lo largo de más de un siglo, un músculo capaz de negociar (y de ser necesario, romper) con el poder político y los presidentes del país -desde Porfirio Díaz.
Será inevitable traer a la memoria la cena celebrada (en plena campaña) el 22 de enero de 2021 en Monterrey por López Obrador con parte de la cúpula empresarial, convocada por Alfonso Romo. Desde el oficialismo se filtró la versión de que ahí se había sellado un pacto. La realidad lo desmintió. Hoy vivimos los lodos de aquellos polvos.
