La detención el fin de semana de un exdirectivo del gremio ganadero, acusado de participar en el quebranto financiero heredado por la administración del perredista Arturo Núñez Jiménez, es la primera medida del gobierno de la llamada ‘Cuarta transformación’ en contra de la podredumbre en la gestión del esposo de Martha Lilia López Aguilera. Desafortunadamente, esta acción viene a demostrar que no se ataca a “peces gordos” y que en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador los hechos venales no se combaten como se barren las escaleras: de arriba hacia abajo, sino al contrario.
A un año de iniciada la 4T, no hay poder político que presente denuncia alguna en contra de Núñez, mientras se enfilan las baterías contra actores menores, toda vez que Baltazar Sánchez ni siquiera fue presidente sino secretario de la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT), y se le ha enviado a prisión preventiva por autorizar el pago de pasivos de la cooperativa con los 30 millones que les prestó el gobierno para proyectos productivos.
Eso significa que Baltazar y los otros dos exdirectivos que están a punto se ser apresados no se embolsaron la lana, sino que la emplearon para amortizar adeudos de la empresa.
El “gran delito” es que los representantes ganaderos “invirtieron” la suma millonaria en abono de compromisos financieros contraídos años atrás, y no para echar a andar proyectos productivos, lo cual constituye un acto de corrupción cometido entre servidores públicos y particulares, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General del estado.
En la audiencia del domingo, Sánchez dijo no tener ninguna responsabilidad y alegó que se trata de un juicio por la vía mercantil, mas el Juzgado le negó la libertad provisional y le aplicó la prisión preventiva justificada.
El gobierno quiere que los exlíderes ganaderos devuelvan 53 millones de pesos, que son 30 millones del empréstito y 23 millones de intereses, como si el recurso lo hubieran desviado para su uso personal.
Como la defensa de Baltasar pidió la ampliación del término constitucional para aportar pruebas, será el próximo jueves al mediodía cuando se decida su situación jurídica, aunque desde ahora puede preverse que será dejado en prisión, pues el régimen necesita “mostrar” está castigando a los corruptos.
De acuerdo con la información del caso, ese monto lo entregó en agosto de 2013 la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafop), a cargo de Pedro Jiménez León, y su finalidad era financiar proyectos productivos, pero en vez de ello la UGR decidió cubrir pasivos del Frigorífico y de la pasteurizadora de leche Unión.
Una agravante que implica a la administración pasada es que decidió condonar un préstamo que el gobierno de Adán Augusto López Hernández no reconoce.
Allegados a Pedro Jiménez aseguran que van a demostrar que Núñez estuvo de acuerdo con ello.
PARA SU INFORMACIÓN…
EL FIN DE semana hubo dos reuniones de priístas que exteriorizan cómo se encuentra el Revolucionario Institucional: el viernes, David Méndez de la Cruz, presidente de la fundación ‘Comalcalco Somos Todos’, convocó a un grupo de sus correligionarios a convivir en un café de la Deportiva. Al día siguiente, el nuevo representante del partido, Dagoberto Lara Sedas, hizo su propia reunión. Lo curioso es que llegaron más expresidentes del tricolor al encuentro de David que al desayuno con Dagoberto.
