/ viernes 10 de febrero de 2023

Carta Abierta | Lo que defiende el PRD es inaudito

De manera sorpresiva, el dirigente perredista Javier Cabrera Sandoval ha salido en defensa del exgobernador Arturo Núñez. En términos generales, ha dicho que la gestión del papá de Néstor fue mejor de lo que hasta ahora ha rendido el morenismo en Tabasco.

La protección del Sol Azteca a don Arturo resulta riesgosa, porque la cuenta pública de 2018 le fue reprobada por la Cámara de Diputados. Se sabe, también, que desde el inicio de este sexenio han salido a la luz varios presuntos actos de corrupción que han llevado a funcionarios de segundo nivel a prisión.

Lo que Javier Cabrera defiende podría resultarle contraproducente en términos electorales. ¿Qué protege el dirigente perredista y por qué toma un riesgo que bien pudo haber evitado, más cuando el exmandatario está fuera de toda aspiración política?

Cuando Adán Augusto tomó la estafeta del gobierno estatal, acusó a Núñez de dejar un estado endeudado, con una severa crisis en el sistema de salud y en seguridad pública. Prometió investigaciones y auditoría sobre la administración anterior. Denunció que el gobierno de Núñez cerró en números rojos debido a “irregularidades en el destino de recursos públicos por al menos 4 mil millones de pesos”.

La Auditoría Superior de la Federación de presentó, en 2019, observaciones en un dictamen de 2017 sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. En ellas se consignó que la gestión nuñista incurrió en inobservancias de la normativa que ocasionaron un daño a la hacienda pública federal por 32 millones de pesos. Además, el estado no presentó documentación justificativa del gasto por 25 millones de pesos.

En septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado confirmó dos denuncias por el “uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario, quedando como agraviados la sociedad y el patrimonio del Estado” en las que se señala al exgobernador, a la expresidenta del DIF, Martha Lilia López Aguilera, y al hoy extinto y quien fuera secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis.

Casi al mismo tiempo hubo dos denuncias diferentes de la fracción parlamentaria del PRI ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En la primera se señala por posibles actos de corrupción a Amet Ramos. En la segunda se señala como presuntos responsables al exgobernador y a los exfuncionarios de Planeación y Finanzas, Gobierno, Administración, Salud, Educación, Contraloría, Recursos Naturales y Protección Ambiental, así como Desarrollo Social.

En el colmo del surrealismo político de Tabasco, en diciembre de 2018, el entonces diputado local del PRI y actual subsecretario de Gobernación, Nicolás Bellizia Aboaf, reprochó ¡a Morena! la aprobación de la cuenta pública 2017 de Arturo Núñez. Aseguró que estaba “llena de irregularidades”, que no era más que “el nacimiento de la nueva y transformada ‘Mafia del Poder’ producto del contubernio entre MORENA y el PRD”.

Más atrás, en agosto de 2014, el entonces priista Mario Llergo Latournarie implicó a un yerno del gobernador Arturo Núñez Jiménez en la denuncia contra funcionarios del DIF-Tabasco por presunta corrupción. El actual representante de Morena ante el INE, denunció que en octubre de 2013 el DIF compró más de 20 millones de pesos de alimentos a la Empacadora Brissa, S.A. de C.V., de la que es propietario Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, además de segundo vocal del Comité de Compras de la institución. Además, Consuelo María Caraveo Pacheco, suegra de Pulido Pérez y de Herrero Pérez a la vez, figura como una de las tres personas con poderes amplios en la Empacadora Brissa, según el acta constitutiva de la empresa.

Llergo presentó una denuncia ante la ASF, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría de Tabasco. Sin embargo, esta nunca citó a los implicados. Para el entonces priista, todo se debía a “los vínculos” afectivos que tenía el director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido Pérez, y su concuño, Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, dueño de la empresa Brissa, con Munir Chalela, esposo de Martha Núñez, hija del gobernador Arturo Núñez.

Estos episodios, publicados en su momento por la prensa local, muestran un poco de lo mucho que se señala al pasado gobierno perredista. Esto es lo que defiende Javier Cabrera Sandoval, asegurando que la gestión nuñista fue mejor que la actual. Ver para creer semejante frescura del dirigente del Sol Azteca. Muy para tener en cuenta en las próximas elecciones.

De manera sorpresiva, el dirigente perredista Javier Cabrera Sandoval ha salido en defensa del exgobernador Arturo Núñez. En términos generales, ha dicho que la gestión del papá de Néstor fue mejor de lo que hasta ahora ha rendido el morenismo en Tabasco.

La protección del Sol Azteca a don Arturo resulta riesgosa, porque la cuenta pública de 2018 le fue reprobada por la Cámara de Diputados. Se sabe, también, que desde el inicio de este sexenio han salido a la luz varios presuntos actos de corrupción que han llevado a funcionarios de segundo nivel a prisión.

Lo que Javier Cabrera defiende podría resultarle contraproducente en términos electorales. ¿Qué protege el dirigente perredista y por qué toma un riesgo que bien pudo haber evitado, más cuando el exmandatario está fuera de toda aspiración política?

Cuando Adán Augusto tomó la estafeta del gobierno estatal, acusó a Núñez de dejar un estado endeudado, con una severa crisis en el sistema de salud y en seguridad pública. Prometió investigaciones y auditoría sobre la administración anterior. Denunció que el gobierno de Núñez cerró en números rojos debido a “irregularidades en el destino de recursos públicos por al menos 4 mil millones de pesos”.

La Auditoría Superior de la Federación de presentó, en 2019, observaciones en un dictamen de 2017 sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. En ellas se consignó que la gestión nuñista incurrió en inobservancias de la normativa que ocasionaron un daño a la hacienda pública federal por 32 millones de pesos. Además, el estado no presentó documentación justificativa del gasto por 25 millones de pesos.

En septiembre de 2019, la Fiscalía General del Estado confirmó dos denuncias por el “uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario, quedando como agraviados la sociedad y el patrimonio del Estado” en las que se señala al exgobernador, a la expresidenta del DIF, Martha Lilia López Aguilera, y al hoy extinto y quien fuera secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis.

Casi al mismo tiempo hubo dos denuncias diferentes de la fracción parlamentaria del PRI ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En la primera se señala por posibles actos de corrupción a Amet Ramos. En la segunda se señala como presuntos responsables al exgobernador y a los exfuncionarios de Planeación y Finanzas, Gobierno, Administración, Salud, Educación, Contraloría, Recursos Naturales y Protección Ambiental, así como Desarrollo Social.

En el colmo del surrealismo político de Tabasco, en diciembre de 2018, el entonces diputado local del PRI y actual subsecretario de Gobernación, Nicolás Bellizia Aboaf, reprochó ¡a Morena! la aprobación de la cuenta pública 2017 de Arturo Núñez. Aseguró que estaba “llena de irregularidades”, que no era más que “el nacimiento de la nueva y transformada ‘Mafia del Poder’ producto del contubernio entre MORENA y el PRD”.

Más atrás, en agosto de 2014, el entonces priista Mario Llergo Latournarie implicó a un yerno del gobernador Arturo Núñez Jiménez en la denuncia contra funcionarios del DIF-Tabasco por presunta corrupción. El actual representante de Morena ante el INE, denunció que en octubre de 2013 el DIF compró más de 20 millones de pesos de alimentos a la Empacadora Brissa, S.A. de C.V., de la que es propietario Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, concuño de Sergio Eduardo Pulido Pérez, director de Asuntos Jurídicos y Acceso a la Información del DIF-Tabasco, además de segundo vocal del Comité de Compras de la institución. Además, Consuelo María Caraveo Pacheco, suegra de Pulido Pérez y de Herrero Pérez a la vez, figura como una de las tres personas con poderes amplios en la Empacadora Brissa, según el acta constitutiva de la empresa.

Llergo presentó una denuncia ante la ASF, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría de Tabasco. Sin embargo, esta nunca citó a los implicados. Para el entonces priista, todo se debía a “los vínculos” afectivos que tenía el director jurídico del DIF, Sergio Eduardo Pulido Pérez, y su concuño, Juan Antonio Herrero Pérez Rioja, dueño de la empresa Brissa, con Munir Chalela, esposo de Martha Núñez, hija del gobernador Arturo Núñez.

Estos episodios, publicados en su momento por la prensa local, muestran un poco de lo mucho que se señala al pasado gobierno perredista. Esto es lo que defiende Javier Cabrera Sandoval, asegurando que la gestión nuñista fue mejor que la actual. Ver para creer semejante frescura del dirigente del Sol Azteca. Muy para tener en cuenta en las próximas elecciones.