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¿Cómo se hace periodismo en la Venezuela de Maduro?

Desde 2014 Venezuela atraviesa una crisis económica producida por la caída internacional de los precios del petróleo y una mala gestión de gobierno.

 

Hasta el 11 de agosto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha contabilizado 676 presos políticos, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU estima que 5 mil personas han sido detenidas arbitrariamente y al menos 120 han muerto.

 

Frente a esto, el gobierno trata de recuperar el control político a través de la creación de una Asamblea Constituyente, la cual posee facultades que podrían reforzar la concentración de poder y debilitar a la disidencia y a la oposición.
En este contexto, el gobierno ejerce un control de la información cada vez más férreo a través de diversos mecanismos.

 

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De acuerdo con el el Ranking Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras, la república bolivariana ocupó el lugar 137, de entre 180 países evaluados. Desde las sanciones judiciales, pasando por la compra de medios e incluso agresiones físicas, la libertad de prensa en Venezuela se ha visto atacada desde diferentes frentes.

 

Miguel Henrique Otero, presidente del diario El Nacional, ha conocido de cerca estos artilugios. Lleva dos años y medio en el exilio debido a un proceso iniciado en su contra por un tribunal penal. Tanto él como la directiva del periódico y el consejo editorial, han vivido los embates del aparato judicial por replicar un reportaje publicado por el diario español ABC en agosto de 2015, donde el líder chavista Diosdado Cabello era vinculado con el narcotráfico.

 

El gobierno cuenta, además, con un sistema de medios estatales y propagandísticos apoyado por empresas mediáticas privadas afines. “Desde que llegó Nicolás Maduro se instauró la compra de medios privados con capitales privados también, pero cercanos al gobierno. Entre 2013 y 2014 estos capitales ‘misteriosos’ y de procedencia desconocida comenzaron a actuar. Globovisión, por ejemplo, solía ser la bestia negra del chavismo y en 2013 cambió su línea editorial radicalmente”, comenta Ewald Scharfenberg, corresponsal del diario español El País y co-fundador del portal Armando.info.

 

Por si fuera poco, el gobierno controla la importación de papel en el país, por lo tanto éste decide cuánto vende y a quién, reforzando el control institucional de la prensa escrita. Los medios afines reciben papel subsidiado o apoyos en dólares, mientras que los opositores reciben precios que retan sus posibilidades económicas.

 

Hay diarios que no acceden a ninguna de las opciones, tal es el caso de El Nacional: “A nosotros ni dólares, ni venta de papel. Podríamos comprarlo con dólar libre (o negro), pero eso hace que el periódico no sea competitivo”, comenta Otero. El Nacional redujo su paginación y tiraje, y se mantiene en circulación gracias a que otros periódicos de la región como El Universal de México o La Nación de Argentina le envían papel. “Es una empresa que no produce ganancias, estamos en modo de supervivencia”, concluye.

Resistencia

“Los emprendimientos periodísticos no sólo son necesarios, sino que mientras más haya, mejor. En Venezuela, han sido una salida digna e inteligente ante la censura y represión del Estado, así como una apuesta por la libertad”, señala la periodista Laura Weffer, quien en 2015, junto a la también periodista Luz Mely Reyes, fundó Efecto Cocuyo, un medio digital dedicado al periodismo investigativo, una actividad fundamental y de extrema complejidad en el contexto venezolano actual.

 

Runrun.es, es otro nuevo medio digital que apuesta por la investigación y una línea editorial crítica hacia el gobierno, que ha promovido las alianzas de cobertura informativa. Junto a otros medios independientes como Tal Cual, Crónica.Uno y El Pitazo, formó una alianza para monitorear las protestas (Protestas 2017). Del mismo modo, integró una alianza para el periodismo de investigación con Armando.info (medio fundado por Scharfenberg y Armando Meza, también corresponsal de El País) y El Pitazo. Las alianzas permiten compartir fuentes, información e incluso vuelven las coberturas más seguras.

 

A la compleja situación que vive el periodismo, se suman las presiones comerciales y la búsqueda de ingresos. Efecto Cocuyo se encuentra desarrollando un modelo de suscripción. Una apuesta riesgosa ante la crisis económica pero que podría funcionar como un catalizador de la solidaridad que la gente les ha mostrado desde su fundación (la plataforma se creó gracias a una campaña de crowdfunding).

 

También las alianzas estratégicas se trasladan al plano comercial. El proyecto de Runrun.es con El Pitazo y Tal Cual, incluyó una estrategia conjunta publicitaria, compartiendo ingresos y uniendo esfuerzos de atracción de clientes.

 

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Futuro incierto
Hoy día, los medios internacionales en sus versiones digitales, las redes sociales como Twitter y Facebook y los medios digitales locales, son prácticamente el único recurso para que las y los venezolanos conectados se enteren de versiones alternativas a las oficiales.

 

Sin embargo, existen graves amenazas a estos espacios. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de 2016, Venezuela tiene la menor velocidad de conexión a internet por medio de la banda ancha fija en la región, con sólo 1.9 Mbps, mientras que el promedio regional es de 4.7 Mbps. Las limitaciones del ancho de banda parecen ser también parte de la maquinaria estatal de control informativo.

 

Asimismo, se teme por los alcances que pueda tener la recién creada Asamblea Constituyente. Si refuerza los poderes dictatoriales del régimen de Maduro, muy probablemente se extenderá más el alcance del control gubernamental sobre la información, afectando el acceso a internet y las redes sociales. “Podrían seguir paradigmas chinos, cubanos o iraníes de control de internet”, sentencia Miguel Henrique Otero. El régimen ha bloqueado páginas de internet anteriormente (como los sitios de CNN en español y El Tiempo de Colombia) por publicar informaciones consideradas contrarias a la versión oficial.

 

El 8 de agosto, la Constituyente creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En sus estatutos se establece que la Comisión se encargará de regular “los actos como la difusión de contenidos que inciten a la violencia o al odio”. Según Otero, esta comisión podría clausurar los pocos medios independientes que sobreviven.
¿Cómo hacer periodismo en entornos tan hostiles? “Con agallas. Teniendo una firme convicción, pasión por el oficio y ganas de que la gente tenga la información que debe tener”, concluye Carmen Riera.

 

 

Publicado en https://blog.wan-ifra.org

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