El pasado 18 de mayo se dio a conocer que se implementaría el programa de Justicia Terapéutica en Tabasco, que ofrece alternativas al encarcelamiento a personas que han cometido delitos no graves y presentan trastornos por el consumo de drogas o alcohol. El presidente del Poder Judicial en el estado, Enrique Priego Oropeza, puntualizó que este es un proyecto clave para mejorar la justicia penal, favorecer la reinserción social y proteger la salud pública en favor de los tabasqueños
Los sujetos que hayan cometido algún ilícito de los antes mencionados en lugar de llevarlos a un centro penitenciario, se les brindará un tratamiento sanitario para superar su trastorno por consumo de sustancias, en conjunto con un plan de actividades para facilitar su reinserción social.
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Una de las cortes que se encargará de tratar estos asuntos se decidió establecerla en el municipio de Centro y el calendario de trabajo se ajustará a los tiempos que han marcado las instituciones participantes en el estado.
¿Qué organismos participan en la implementación de la justicia terapéutica en Tabasco?
Dentro de los organismo que respaldan el proyecto se encuentran internacionales, nacionales y estatales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Fue Eiji Fukushima, consultor de reinserción de esta instancia, que hizo entrega al magistrado Priego Oropeza de la Guía de Justicia Terapéutica, en la que se establecen los lineamientos técnicos y de infraestructura necesarios para la implementación del plan piloto correspondiente.
También habrá una estrecha participación con la Fiscalía General del Estado, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Salud y de Educación, así como el Instituto de la Defensoría Pública. Además, la titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Guadalupe Castro de Merino, ha mostrado especial interés en el tema, mientras la Secretaría de Salud se encuentra en etapa de capacitación.
Igualmente la OEA realizará el acompañamiento para establecer un modelo propio de atención de acuerdo a las características de Tabasco, y la posterior elaboración de un plan piloto.
¿Qué resultados ha dado la justicia terapéutica a nivel internacional?
De acuerdo con la experiencia internacional, la justicia terapéutica protege la salud de las personas con trastornos debidos al consumo de enervantes, facilita la reinserción social, reduce la reincidencia delictiva, humaniza el sistema de justicia, y ahorra al erario los costos asociados a los centros penitenciarios. De tal manera, con la implementación de la justicia terapéutica se trabaja para mejorar la justicia penal, favorecer la reinserción social y proteger la salud pública de los tabasqueños.
En 2016, al presentarse el modelo mexicano del Programa de Justicia Terapéutica para Personas con Consumo de Sustancias Psicoactivas, el gobierno federal relató que en ese año se registró la sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), en la que se incorporó un cambio en las políticas de drogas sobre cómo se enfrentan los retos cambiantes sobre el tema.
México ha planteado ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos un cambio en el enfoque que ponga al individuo como eje de cualquier política pública sobre drogas.
El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas de 2013 supuso un antes y un después en cuanto al debate sobre políticas de drogas. La Declaración de Antigua en ese mismo año, y las resoluciones posteriores de Guatemala y Paraguay en 2014, reflejan un cambio de paradigmas, que centra los esfuerzos de las intervenciones en la persona como parte de la sociedad de un país, en lugar de centrarse prioritariamente en el control de las sustancias.
El informe de la OEA significó una gran apertura para el diálogo y la deliberación, sin temas tabúes y con una nutrida participación de la sociedad civil. El Programa de Justicia Terapéutica mexicano advierte que la solución a la problemática de las adicciones debe estar centrada en la búsqueda del bienestar de la persona, con una respuesta integral y un enfoque de salud pública, donde no se caracterice al consumidor de drogas como objeto del sistema de justicia penal exclusivamente.
