El 14 de noviembre de 2010 una camioneta Ford Expedition fue baleada en el entronque que lleva a la central camionera de Jalpa de Méndez; dentro de la unidad, yacían dos jóvenes muertos a causa de balas calibre R-15. Sus nombres: Manuel y Ramón de 21 y 25 años, respectivamente. Los disparos fueron hechos por elementos de las Fuerzas Armadas y Policías, quienes señalaron que los tripulantes se quisieron pasar un retén. A causa de la acción, los lugareños mostraron su enojo, arremetiendo con palos y piedras contra los uniformados.

Aquella fecha, dos personas fueron interceptadas por un convoy integrado por alrededor de 30 efectivos del Ejército, Marina y policías estatales y federales, quienes dispararon contra el vehículo, la potencia de los proyectiles dejó sin vida a las personas que iban dentro.

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Tras el deceso de los jóvenes comenzó a surgir la información, la oficial sostenía que los muchachos no obedecieron el alto que les hicieron en el puesto de inspección; pero lugareños y familiares de los occisos decían lo contrario, incluso aseguraron que les sembraron armas, esto último fue declarado por el padre de uno de los occisos, ya que, de acuerdo a las primeras investigaciones, en el vehículo encontraron una pistola calibre 380 milímetros, un cargador, dos cartuchos útiles y un casquillo percutido.

Ignoraron el retén

Una camioneta con perforaciones en su carrocería y dentro dos cuerpos, fue lo que encontraron al llegar agentes del Ministerio Público y periciales. Como procede en todos estos casos realizaron el proceso correspondiente y se ordenó el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo). Al mismo tiempo, se sabía que en el lugar había un retén, para realizar cateos. La camioneta pasó de largo, ignorando a los soldados y policías, por lo que abrieron fuego en su contra.

El entonces secretario de Gobierno de Tabasco, Humberto Mayans Canabal, informó a los medios de comunicación que el vehículo se había pasado el sitio y chocó contra un vehículo del Ejército, lo que provocó la muerte de los tripulantes; agregó que los cuerpos se encontraban en la Procuraduría General de Justicia y hasta concluir las investigaciones, no se podía determinar si era delincuentes o no.

Cuatro meses después, ningún militar, marino o policía había sido citado a declarar sobre los hechos, manifestaron los padres de los muchachos, quienes temían que los asesinatos (así los calificaban ellos) quedaran impunes. Además, los entonces presidente, Felipe Calderón, gobernador, Andrés Granier Melo, Procurador de Justicia, Rafael González Lastra, entre otras autoridades, poco o nada habían hecho por esclarecer los acontecimientos.

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Exhuman los restos

En medio de los reclamos, el 2 de marzo de 2011, fueron exhumados los restos de los muchachos, donde estuvieron presentes los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Estos mencionaron que, en las dos reconstrucciones de los hechos, ningún miembro de las autoridades había estado presente.

Casi dos años después de lo ocurrido, el caso seguía sin esclarecerse; la contestación del gobierno federal más bien parecía una burla a la demanda de los padres de los occisos: “Si resolvemos su caso tendríamos que resolver todos los demás”. Además, los abogados de los miembros de las Fuerzas Armadas exigían pruebas del crimen.

Como una muestra más de las irregularidades del caso, la averiguación previa fue enviada al Centro Nacional de Planeación, Análisis en Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), organismo que no está facultado para realizar pesquisas judiciales, por lo que los hechos seguían impunes.

El comunicado de Sedena

Ante tal situación, el organismo defensor de los Derechos Humanos emitió una recomendación, donde indicó que un teniente adscrito al 57 Batallón de Infantería de la XXX Zona Militar, había ordenado la alteración de la escena, sembrando armas dentro de la unidad y colocando una manta con un mensaje violento.

“Pedimos castigo para los asesinos de nuestros hijos, que se aplique todo el peso de la ley a los militares”, era la súplica de los padres. La cual fue escuchada, no sin una larga espera. El 9 de noviembre de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de un comunicado reconoció que los muchachos eran inocentes y que hubo violaciones de derechos humanos por parte de los militares.