/ lunes 27 de diciembre de 2021

Reformas de AMLO, en manos de la Corte

Las y los ministros del máximo tribunal del país deberán resolver durante este 2022 otros asuntos, que mantienen confrontadas a las principales instituciones políticas del país

Luego de un año intenso que vivió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con diversos fallos históricos como la despenalización del aborto o la eliminación de la prohibición absoluta del cannabis, las y los ministros del máximo tribunal del país deberán resolver durante este 2022 otros asuntos, que mantienen confrontadas a las principales instituciones políticas del país.

Algunos de los pendientes de la Corte para este 2022 son la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que blindó sus megaobras, la controversia constitucional que la Cámara de Diputados presentó para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no posponga la revocación de mandato y la permanencia del Ejército en las calles.

Uno de los primeros asuntos que resolverán los ministros será sobre sí otorgan o no la razón al Inai para echar atrás el acuerdo del presidente López Obrador con el que clasificó de interés público y seguridad nacional todas las megaobras de su gobierno.

Si bien, el pasado 14 de diciembre la Corte resolvió suspender el acuerdo de manera parcial, en lo referente a reservar la información de las obras, la orden de autorizarlas en fast-track permaneció inalterada.

En la misma línea de controversias constitucionales presentadas por organismos autónomos está la impugnación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra la creación y aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Si bien esta es una herramienta que pretende combatir delitos como la extorsión y el secuestro por parte de grupos del crimen organizado, el IFT consideró que su aplicación va en contra de sus funciones que son “garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones” de los usuarios, además de que argumentó no tenía presupuesto para su implementación.

La Corte concedió al IFT una suspensión de plazo en octubre pasado, sin embargo, para este 2022 deberá determinar si da o no la razón al IFT, así como a la acción de inconstitucionalidad que promovió el Inai por el mismo asunto al considerar que su creación atenta contra los datos personales de los usuarios.

Revocación de mandato

Una de las últimas decisiones de la Corte durante este 2021 fue el revés que le dio al Instituto Nacional Electoral, a quién ordenó no posponer la revocación de mandato del presidente López Obrador al considerar que esta decisión “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir”.

Esta controversia constitucional, presentada por la Cámara de Diputados, fue en contra de la decisión del INE de aplazar el ejercicio democrático, decisión que este organismo autónomo tomó debido a una insuficiencia presupuestal derivada de una reducción a su presupuesto de más de cuatro mil millones de pesos.

Si bien la Corte le dio la razón a la Cámara de Diputados, quien argumentó que el INE tenía mil 500 millones de pesos para su realización, el máximo tribunal deberá resolver el asunto antes de que llegue la fecha del ejercicio de revocación, planteado para marzo de 2022.

Permanencia del ejército en las calles

Otra de las decisiones más esperadas por organizaciones de la sociedad civil es el posicionamiento de la Corte sobre la decisión del presidente de mantener el Ejército en las calles hasta 2024.

Se trata de una controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, que consideró que es el Congreso de la Unión y no el Poder Ejecutivo el que debe decidir cómo y bajo qué criterios el Ejército puede participar en asuntos de seguridad pública.

Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra se considera que este acuerdo refleja “el uso desmedido, opaco y sin control” que aplica el gobierno sobre el Ejército para estas tareas, por lo que la organización celebró que sea el Pleno de la Corte y no una Sala quien determiné sobre si el presidente es competente o no para seguir utilizando al Ejército de esta manera

Zaldívar dejará la corte en diciembre

Para cerrar el año, la Suprema Corte despedirá al ministro presidente Arturo Zaldívar, quien dejará la batuta del Máximo Tribunal del país y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal el 31 de diciembre del 2022, luego de que una modificación de última hora a la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados pretendió conceder una ampliación a su mandato por dos años más.

La decisión de rechazar esta ampliación nació del mismo ministro, quien aseguró que no emprende su labor “en busca de privilegios ni puestos”, sino para servir a la gente. Más tarde esta reforma al artículo décimo tercero transitorio de la citada ley fue revocada por unanimidad por el Pleno de la Corte.

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Con esta decisión, 2022 será el año en que el Congreso de la Unión apruebe a la nueva o el nuevo presidente del Máximo Tribunal del país, quien resolverá los pendientes que salgan por lo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.



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Luego de un año intenso que vivió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con diversos fallos históricos como la despenalización del aborto o la eliminación de la prohibición absoluta del cannabis, las y los ministros del máximo tribunal del país deberán resolver durante este 2022 otros asuntos, que mantienen confrontadas a las principales instituciones políticas del país.

Algunos de los pendientes de la Corte para este 2022 son la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el que blindó sus megaobras, la controversia constitucional que la Cámara de Diputados presentó para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no posponga la revocación de mandato y la permanencia del Ejército en las calles.

Uno de los primeros asuntos que resolverán los ministros será sobre sí otorgan o no la razón al Inai para echar atrás el acuerdo del presidente López Obrador con el que clasificó de interés público y seguridad nacional todas las megaobras de su gobierno.

Si bien, el pasado 14 de diciembre la Corte resolvió suspender el acuerdo de manera parcial, en lo referente a reservar la información de las obras, la orden de autorizarlas en fast-track permaneció inalterada.

En la misma línea de controversias constitucionales presentadas por organismos autónomos está la impugnación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) contra la creación y aprobación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

Si bien esta es una herramienta que pretende combatir delitos como la extorsión y el secuestro por parte de grupos del crimen organizado, el IFT consideró que su aplicación va en contra de sus funciones que son “garantizar los derechos de acceso a los servicios de telecomunicaciones” de los usuarios, además de que argumentó no tenía presupuesto para su implementación.

La Corte concedió al IFT una suspensión de plazo en octubre pasado, sin embargo, para este 2022 deberá determinar si da o no la razón al IFT, así como a la acción de inconstitucionalidad que promovió el Inai por el mismo asunto al considerar que su creación atenta contra los datos personales de los usuarios.

Revocación de mandato

Una de las últimas decisiones de la Corte durante este 2021 fue el revés que le dio al Instituto Nacional Electoral, a quién ordenó no posponer la revocación de mandato del presidente López Obrador al considerar que esta decisión “pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir”.

Esta controversia constitucional, presentada por la Cámara de Diputados, fue en contra de la decisión del INE de aplazar el ejercicio democrático, decisión que este organismo autónomo tomó debido a una insuficiencia presupuestal derivada de una reducción a su presupuesto de más de cuatro mil millones de pesos.

Si bien la Corte le dio la razón a la Cámara de Diputados, quien argumentó que el INE tenía mil 500 millones de pesos para su realización, el máximo tribunal deberá resolver el asunto antes de que llegue la fecha del ejercicio de revocación, planteado para marzo de 2022.

Permanencia del ejército en las calles

Otra de las decisiones más esperadas por organizaciones de la sociedad civil es el posicionamiento de la Corte sobre la decisión del presidente de mantener el Ejército en las calles hasta 2024.

Se trata de una controversia constitucional presentada por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, la exdiputada Laura Rojas, que consideró que es el Congreso de la Unión y no el Poder Ejecutivo el que debe decidir cómo y bajo qué criterios el Ejército puede participar en asuntos de seguridad pública.

Desde el colectivo Seguridad Sin Guerra se considera que este acuerdo refleja “el uso desmedido, opaco y sin control” que aplica el gobierno sobre el Ejército para estas tareas, por lo que la organización celebró que sea el Pleno de la Corte y no una Sala quien determiné sobre si el presidente es competente o no para seguir utilizando al Ejército de esta manera

Zaldívar dejará la corte en diciembre

Para cerrar el año, la Suprema Corte despedirá al ministro presidente Arturo Zaldívar, quien dejará la batuta del Máximo Tribunal del país y la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal el 31 de diciembre del 2022, luego de que una modificación de última hora a la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados pretendió conceder una ampliación a su mandato por dos años más.

La decisión de rechazar esta ampliación nació del mismo ministro, quien aseguró que no emprende su labor “en busca de privilegios ni puestos”, sino para servir a la gente. Más tarde esta reforma al artículo décimo tercero transitorio de la citada ley fue revocada por unanimidad por el Pleno de la Corte.

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Con esta decisión, 2022 será el año en que el Congreso de la Unión apruebe a la nueva o el nuevo presidente del Máximo Tribunal del país, quien resolverá los pendientes que salgan por lo que resta de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.



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