La noche de este martes 25 de octubre de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco cumplió una orden de aprehensión en contra de Jorge Adalberto “N”, ex servidor público de la administración estatal pasada en el Instituto de Protección Civil, por su presunta responsabilidad en los delitos de coalición y ejercicio indebido del servicio público.
Los hechos que se investigan son relacionados a la supuesta compra simulada de un helicóptero por el Gobierno del Estado encabezado en ese entonces por el perredista Arturo Núñez Jiménez, y por el que en la pasada administración se firmó un contrato de compra-venta de más de 45 millones de pesos, pero que nunca fue entregado.
El presunto responsable fue asegurado durante tarde noche de este martes en la ciudad de Villahermosa, tras ser localizado mediante el trabajo de análisis de la Policía de Alto Impacto, que colaboró en las indagatorias que desarrolla la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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Jorge Adalberto “N” fungía en ese entonces como director operativo de la instancia antes mencionada y habría tenido participación en los hechos.
Luego de la denuncia recibida, la FGE dio seguimiento a los hechos y mediante su Fiscalía Especializada solicitó la orden de aprehensión del hoy detenido.
Fue localizado en esta ciudad capital con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que, tras darle a conocer sus derechos y los motivos de su aseguramiento fue llevado al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco y se realizaron los trámites para informar al Juez de Control de la Región Judicial 9, que ordenó su detención.
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Cabe mencionar que a raíz de solicitudes realizadas por El Heraldo de Tabasco hace casi un año, la Secretaría de la Función Pública del estado de Tabasco señaló que abrió dos expedientes relacionados con irregularidades en la compra de un helicóptero marca Agusta Westland modelo 2002, con recursos donados por Pemex durante la administración de Arturo Núñez Jiménez.
La dependencia estatal señaló que, para esclarecer las posibles irregularidades, citó a cinco funcionarios de la administración pasada a los que se escuchó en audiencia de ley. En total, la SFP realizó 12 acciones con estos servidores públicos.
El organismo estatal concluyó y emitió resolutivo en dichos expedientes. Sin embargo, a pesar de dar como terminados los dos expedientes iniciados, el organismo de control interno no señalaba culpable alguno entre los cinco funcionarios emplazados.
