/ miércoles 5 de enero de 2022

FGR pide 39 años de prisión contra Lozoya por Odebrecht

La condena para el exdirector de Pemex sería por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y pidió un condena en contra del exfuncionario, que sumaría 39 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que el escrito de acusación fue presentado a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez del Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte, que en los próximos 10 días deberá notificar a la defensa de Lozoya sobre la apertura del juicio en su contra.

➡️ FGR aportó nuevas pruebas contra Lozoya por caso Odebrecht

Lo anterior se traduce a que la defensa del exfuncionario federal no ha conseguido el llamado criterio de oportunidad, con el que podría salir en libertad a cambio de dar información a las autoridades sobre delitos más graves a los suyos, ni le han aceptado el pago de 5 millones de dólares que ofreció como reparación del daño.

En el caso Gilda Margarita, madre de Lozoya, la fiscalía pidió que se le imponga hasta 25 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

➡️ ¿De qué se le acusa a Emilio Lozoya y por qué sigue libre?

En el escrito de acusación de la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, los fiscales aseguran tener pruebas suficiente para acusar a Lozoya por recibir más de 9 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht, dinero que ocultó en diversas empresas y en cuentas bancarias de su madre.

De acuerdo con la investigación, estos movimientos presuntamente terminaron por favorecer a la empresa con diversos contratos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que fue investigado por la Auditoria Superior de la Federación que comprobó las irregularidades en los contratos.

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Por lo anterior, y debido al nivel jerárquico de Lozoya dentro del Gobierno Federal, el Ministerio Público pidió imponerle las penas más grandes por los ilícitos antes mencionados a Lozoya debido que fueron actuaciones que se realizaron de forma “independiente”, situación que analizará un juez especializado en sanciones.



TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), y pidió un condena en contra del exfuncionario, que sumaría 39 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

Fuentes judiciales confirmaron a El Sol de México que el escrito de acusación fue presentado a José Artemio Zúñiga Mendoza, juez del Centro de Justicia Penal Federal Reclusorio Norte, que en los próximos 10 días deberá notificar a la defensa de Lozoya sobre la apertura del juicio en su contra.

➡️ FGR aportó nuevas pruebas contra Lozoya por caso Odebrecht

Lo anterior se traduce a que la defensa del exfuncionario federal no ha conseguido el llamado criterio de oportunidad, con el que podría salir en libertad a cambio de dar información a las autoridades sobre delitos más graves a los suyos, ni le han aceptado el pago de 5 millones de dólares que ofreció como reparación del daño.

En el caso Gilda Margarita, madre de Lozoya, la fiscalía pidió que se le imponga hasta 25 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

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En el escrito de acusación de la dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, los fiscales aseguran tener pruebas suficiente para acusar a Lozoya por recibir más de 9 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht, dinero que ocultó en diversas empresas y en cuentas bancarias de su madre.

De acuerdo con la investigación, estos movimientos presuntamente terminaron por favorecer a la empresa con diversos contratos durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, lo que fue investigado por la Auditoria Superior de la Federación que comprobó las irregularidades en los contratos.

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