El abogado constitucionalista Sergio Antonio Reyes consideró excesiva la aplicación de la "Ley Garrote" a los ciudadanos que se manifestaban con bloqueos en sus comunidades, ya que no estaban ni impidiendo una obra pública ni ejerciendo actos de extorsión.
Indicó que si en dado caso una persona que sea desalojada resulta lesionada, podría proceder en forma penal contra la policía y las autoridades estatales.
Hay que ver las condiciones que se dan pero nada le impide al ciudadano denunciar delitos contra los servidores públicos
El expresidente del Colegio de Abogados Tabasqueños dijo que el derecho de reunión está protegido no sólo por la Constitución Política de México, sino por el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos “Por ello habría que ver si se configura la cuestión de la Ley Garrote, porque los manifestantes no estaban impidiendo una obra pública ni estaban extorsionando, que es el espíritu e esa ley, yo creo que no debería ser aplicada, y en caso de que se las apliquen hay que ver el lugar en el que estaban, porque si es una carretera de jurisdicción federal o camino federal, ahí no aplica la ley estatal, sino el delito de ataques a las Vías Generales de Comunicación, cuya penalidad es mucho menor que la Ley Garrote”, expresó.
"Ley Garrote" en Tabasco
Como ejemplo, dijo que por la Ley Garrote a una persona le puede aplicar hasta 30 años de cárcel, mientras que por ataque a las vías Generales de Comunicación, es un delito menor, donde inclusive no hay prisión oficiosa, esto mientras no haya violencia de quienes protesten.
“Además, a las personas que sean encarceladas o sometidas por este tipo delictivo de Ley Garrote, hay que checar que se configure el tipo, que realmente se apegue a esa cuestión y les queda el recurso de amparo contra actos de aplicación de esa ley”, estableció, De este modo, el profesional del derecho aclaró que el ciudadano que haya sido golpeado puede proceder contra el policía por la vía penal.
