La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) someterá a una consulta ciudadana la controversial ‘Ley Garrote’, con el fin de determinar si emitirá o no un recurso de acción de inconstitucionalidad o se pronunciará por la creara de un instrumento paralelo para atender los reclamos sociales.
Pedro Calcáneo Argüelles, presidente del organismo defensor de los derechos humanos, indicó que la ley marca 30 días para que se presente este recurso de inconstitucionalidad, por lo que la consulta será lanzada este día y concluirá entre el 20 y 23 de agosto, para posteriormente entrar en un estudio de metodología de ponderación de derecho, y determinar qué acciones seguir.
Dicha recepción de opiniones –dijo- se hará a través de redes sociales, en tanto, a los sindicatos y organizaciones se les solicitará por oficio que emitan su postura.
“Lo que va a hacer la comisión es abrir un expediente de análisis que lo vamos a alimentar mediante una consulta ciudadana a la cual mañana vamos a convocar abiertamente, para que las personas, las voces y los grupos representativos de la sociedad nos hagan llegar sus opinión e impresiones y a partir de ahí con el sustento jurídico y social que recabe, vamos a tomar posición en este tema”, acotó.
A lo que continuó: Tenemos 30 días para en su caso promover la acción de inconstitucionalidad en la eventualidad que consideremos que la reforma vulnera derechos humanos y riñe con algún derecho reconocido por la constitución.
A partir de este jueves, el titular de la CEDH comenzó a sostener reuniones con diferentes grupos sociales, dentro de los que destacan sindicatos y organizaciones civiles, en el tenor de recepcionar sus opiniones en cuanto a la Ley Anti-Bloqueo.
En entrevista para los medios de comunicación, explicó que con dicha Reformas a la Ley se generó una confrontación de derechos de personas que se dicen afectadas.
“Existe lo que pareciera ser una confrontación de derechos de personas que se dicen afectadas, unos por la ausencia de una normativa que atienda el tema de las extorciones, y otros porque consideran que se ven limitados sus derechos a la manifestación y a la libertad de expresión”, delineó.
Finalmente, Calcáneo Argüelles hizo un llamado tanto a las autoridades como a los grupos sociales para que actúen con “mesura” en lo que se define si esta ley es inconstitucional o no, aunque si recalcó que una vez publicada una reforma, al día siguiente ya es vigente.
“Hacer un llamado a las autoridades y a los grupos sociales para que actúen con mesura, con cordura, para que se privilegie el dialogo y la conciliación antes de usar cualquier método que pudiera derivar en represión”, concluyó.
