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De las más de 700 visitas de inspección a establecimientos comerciales que la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (SBSCC), realizaría para constatar la aplicación de la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Tabasco, que prohíbe el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel, sólo se realizaron 300.
Esto debido a que el proceso se suspendió por la emergencia sanitaria por Covid 19, aunque de acuerdo al subsecretario de esa dependencia Gary Leonardo Arjona Rodríguez, se lograron aplicar unos 26 exhortos, aunque tampoco se estableció sanción alguna.
El proceso, dijo, entró en una suspensión y será hasta que se declare terminada la contingencia cuando se reanude.
“Desde marzo se suspendieron las visitas y estamos a expensas de que indique el gobernador, porque recuerden que dio que por seguridad se tomó la determinación de suspenderlo”, expresó.
Indicó que se realizaron visitas a casi 300 establecimientos comerciales en el municipio de Centro y que la recomendación es retomar esas acciones hasta que se levante la emergencia.
Los exhortos fueron hechos a cadenas comerciales y tiendas de conveniencia, aunque también quedó pendiente realizar las visitas de verificación para determinar si se había cumplido el exhorto, todo esto antes de iniciar un procedimiento administrativo.
Cabe señalar que se había visitado a distintas empresas de diferentes giros como tiendas de auto servicio, departamentales, de conveniencia, establecimiento de alimentos y mercantiles para verificar que se estuviera cumpliendo con la ley que prohíbe el uso de unicel para servir alimentos y que se entreguen bolsas de plástico de manera gratuita a los consumidores, que no sean consideradas biodegradables.
Hasta ese momento, Arjona Rodríguez, comentó que se había detectado que el 33 por ciento de los establecimientos visitados cumplía al 100 por ciento con la norma y que otro 30 por ciento estaba transitando hacia el cumplimiento.
Refirió que la ley de Protección Ambiental en su capítulo de infracciones contempla desde amonestación o apercibimiento, hasta clausuras totales o parciales, y multas desde 20 a 50 mil UMAS, equivalente a salarios mínimos, con un máximo de hasta 4 millones de pesos, en función del nivel de las irregularidades que se cometan.
Agregó que esta Ley tiene como objetivo principal proteger el ambiente y la salud pública, por ello la concientización va encaminada hacia el uso de productos biodegradables y reutilizables
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