El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Geradl Washington Herrera Castellanos, presentó un Punto de Acuerdo el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, proceda a realizar las auditorías, revisiones, investigaciones y fiscalizaciones a fondo que sean necesarias respecto de los recursos que durante los años 2019, y de enero a junio de 2020, ingresaron y ejercieron por el municipio de Macuspana, Tabasco que preside el alcalde de MORENA, Roberto Vilalpando Arias.
Además pidió que revise la legalidad de los traspasos entre cuentas y los movimientos presupuestales realizados por el presidente municipal, los directores de Programación y de Finanzas y que indebidamente han sido aprobados por la mayoría de los integrantes del Cabildo de esa municipalidad y verifique si las aprobaciones respectivas han sido con los votos requeridos.
“Todo ello, durante el periodo mencionado, con el objeto de constatar la forma en que se administraron los recursos y principalmente si se emplearon para el fin al que estaban destinados de acuerdo con la Ley o en los Presupuestos de Egresos respectivos y sobre todo para los que la Federación le otorgó al Municipio, en caso contrario, realice las acciones legales que en derecho correspondan”, puntualizó.
Revelo que los recursos públicos del Ayuntamiento de Macuspana, no son empleados en el objeto para el que están destinados, porque utilizan recursos federales, incluso etiquetados, para realizar transferencias o préstamos entre cuentas a fin de utilizarlos para otros fines muy distintos a su objeto inicial, con el argumento de que después serán reintegrados e incluso, lo cual en muchas ocasiones no realizan, como lo ha observado el Órgano Superior de Fiscalización, en algunos casos.
“Esos desvíos los tratan de justificar, involucrando indebidamente a los miembros del Cabildo, induciéndolos a que, en sesiones de ese órgano de gobierno y meses después, aprueben y autoricen esos actos ilícitos, a través de lo que ellos denominan “transferencias entre cuentas” y “adecuaciones presupuestales” entre los que se encuentran los desvíos de recursos mencionados. Lo que es ilegal porque no hay disposición constitucional o legal que lo autorice para ello y debe recordarse que las autoridades solo pueden hacer lo que la Ley les permite.
En la denuncia pública que hizo en el Congreso, el diputado del PRID, adjuntó copia de diversos documentos relacionados con las sesiones de fecha 30 de mayo y 19 de junio de 2020, apreciándose que en la primera se aprobaron transferencias entre cuentas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, así como movimientos presupuestales de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020.