Más de 209 millones de pesos quedaron pendientes por solventar de la cuenta pública 2020 de los tres poderes, órganos autónomos y 17 ayuntamientos, según el informe presentado por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE) al Congreso del Estado.
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En ese sentido, el fiscal Alejandro Álvarez González precisó que la muestra auditada fue de más de 22 mil millones de pesos de un presupuesto superior a los 55 mil millones, es decir el 39.72 por ciento.
"El total de las observaciones que quedaron pendientes por solventar es de 209 millones de pesos correspondientes a los 17 ayuntamientos, los tres poderes y los órganos autónomos, según el informe de resultados que se presentó a los diputados", expuso.
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Dijo que el OSFE tiene 15 días hábiles para notificar a los entes, que a su vez tendrán treinta días para presentar sus aclaraciones, documentación para entrar al análisis y determinar si son solventables o no.
Puntualizó que del Poder Ejecutivo se observaron 40 millones de pesos que “no es ni el uno por ciento", añadió.
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Mientras que en el Legislativo y el Judicial, solamente hubo observaciones no cuantificadas, es decir de control interno.
Municipios más observados:
- Jonuta con más de 34 millones de pesos
- Balancán 15 millones de pesos
- Centro 18 millones de pesos
- Tacotalpa con 13 millones de pesos
"En términos generales estos fueron los municipios con mayor observación", expresó para luego mencionar que fueron 190 millones aproximadamente los observados a los ayuntamientos.
Martha Lilia sólo ha respondido por 20 mdp
En otro momento dio a conocer que sólo se han solventado 20 de los 53 millones de pesos que se observaron a la cuenta pública 2018 del DIF Tabasco que encabezó Martha Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador Arturo Núñez Jiménez.
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El 10 de septiembre de 2019, los integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda primera del Congreso local ordenaron al OSFE realizar una auditoría especial al considerar que no había certeza de que se hubieran manejado los recursos con transparencia.
En 2020, el mismo Álvarez Gonzalez, reveló que entre otras anomalías se pagaron pasivos de ejercicios anteriores con presupuesto del 2018, a pesar de que eran deudas anteriores a ese ejercicio fiscal.
Sin embargo, se tienen hasta 7 años para terminar con el proceso de solventación y la aportación de pruebas e iniciar procesos administrativos y después dar paso a las denuncias penales, si es el caso
