El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) emitió este miércoles ante un juez de distrito cuatro recursos de amparos colectivos contra la ‘Ley Antibloqueo’; lo anterior, en lo que se define la acción de inconstitucionalidad que la semana pasada interpusieron la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dichos recursos de protección son en favor de grupos defensores de causas sociales pertenecientes a las comunidades de los Medellines, Jolochero y Tamulte de las Sabanas, así como otros más del municipio de Comalcalco y también para la misma organización Codehutab.
“Estamos promoviendo cuatro amparos, un amparo a favor de gente de Medellín, otro para gente de Jolochero y la zona de Tamulte de las Sabanas, otro para los integrantes del Codehutab y para un grupo de Comalcalco, son colectivos”, acotó el asesor jurídico de la organización, Efraín Rodríguez León.
El activista expuso que este miércoles 11 de septiembre era la fecha límite para emitir dichos amparos, al explicar que solo protegerán -en caso de ser aprobados- a los solicitantes que previamente debieron acreditar un interés jurídico, es decir, que hagan constar su abanderamiento a casusas sociales y defensa a recomendaciones emitirás por órganos defensores de los derechos humanos.
“La persona tiene que demostrar que por su actividad como persona o como luchador social la entrada en vigor de esta reforma y adición al código penal cuarta su derecho para realizar esta labor de defensor o de promotor”, acotó.
Rodríguez León, explicó que los recursos emitidos son únicamente un paliativo en lo que se resuelven la acción de inconstitucionalidad emitida la semana pasada por la CEDH y CNDH, que tiene el fin de dar revés a las reformas al código; esto, al señalar finalmente que hasta el momento solo se tiene registro de que la Ley Garrote se ha aplicado en los pozos petroleros del municipio de Nacajuca.
“La acción de inconstitucionalidad tiene como fin echar abajo en su totalidad la reforma al código penal, entonces esa es como la que concentra nuestro interés, los amparos por supuesto que es otra acción jurídica que la ley nos permite, pero solamente en caso de obtener una respuesta favorable por el juez de distrito, única y exclusivamente protegen a los promovientes”, delineó.
El Congreso de Tabasco aprobó en lo general la ley que propone sancionar con cárcel a quienes bloqueen la ejecución de obras públicas en la entidad el pasado 29 de julio, fijando una pena de entre 6 y 13 años, que podría duplicarse si el manifestante es acompañado de menores de edad.
