La diputada local del PRD, Joandra Montserrat Rodríguez Pérez, presentó un exhorto para que el gobierno del estado y los 17 municipios para que de su plantilla de recursos humanos, cuando menos el 2 por ciento corresponda a personas con discapacidad.
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Por supuesto, acreditando la aptitud necesaria para desempeñar un puesto dentro de las dependencias y, en su caso, a realizar las acciones que legalmente resulten competentes.
En su exposición de motivos, Rodríguez Pérez indicó que, de acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación en su Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, el obstáculo mayor al que se enfrentan las personas con capacidades diferentes, no es precisamente su discapacidad, sino el desempleo, que hoy en día afecta a más del 80 por ciento de ese sector de la población.
Asimismo, tan solo el 19.1 por ciento de ese sector de la población considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades básicas de comida, techo, ropa y demás. Más preocupante aún es el hecho de que quizá la principal problemática que enfrenta ese grupo de la población no se origina en las circunstancias físicas de las personas con discapacidad, sino en la exclusión y en no pocas veces discriminación generadas por un entorno social que se niega a ser incluyente.
Desafortunadamente, la mayoría o una gran parte de los esfuerzos gubernamentales se centran en la participación o involucramiento de las personas con discapacidad, asociadas a una visión "predominantemente médica y asistencial", la cual, si bien es bienvenida, no lo es todo.
"Las deficiencias físicas o sensoriales no deben ser obstáculo para el disfrute pleno de derechos en igualdad de condiciones. Tal pareciera que no basta con que el diseño de las instituciones, la infraestructura, el transporte, los medios de comunicación, la educación, los eventos culturales, entre otras actividades de la vida social, estén pensadas sin visualizar el derecho de las personas con discapacidad para su acceso y goce en igualdad de condiciones, como parte de sus derechos humanos, sino que además deben soportar también una discriminación para ocupar fuentes de trabajo", enfatizó.
Es tiempo -prosiguió- de dejar de asociar la discapacidad con. incapacidad, de eliminar las barreras físicas y culturales que impiden a personas con discapacidad tener acceso a las oportunidades que el resto o la mayoría de la población tiene.
Tiempo de que las oportunidades de empleo sean iguales para todos, y que la capacidad intelectual sea lo que realmente influya en la toma de las decisiones.
"Para dar el primer paso no es necesario hacer cosas extraordinarias, simplemente empecemos por cumplir la ley", subrayó.
