De forma oficial el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), solicitó al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Calcáneo Argüelles, que interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque la reforma al Código Penal de Tabasco con la que se creó la "Ley Antibloqueo", viola los derechos humanos.
El presidente estatal del PRI, insistió en que es totalmente violatorio a los derechos humanos, ya que la “Ley Antiextorsión”, vulnera el artículo 9 de la Carta Magna que establece con gran claridad que no es ilegal reunirse para protestar por algún acto u omisión de alguna autoridad.
Recordó que la reforma penal establece penas de hasta 13 años de cárcel a quienes se manifiesten dificultando el libre tránsito de vehículos y de personas o bien obstruya alguna obra pública o privada.
“El día de mañana que los tabasqueños realicen una manifestación y por consecuencia lógica dificulten el libre tránsito de personas y de vehículos, o bien obstruya alguna obra del gobierno o privada, la “Ley garrote” podrá aplicarse y enviar a la cárcel a dichos manifestantes" puntualizó.
La “Ley antibloqueo” no sólo restringe la libertad de manifestación de los tabasqueños, sino que restringe la libertad de expresión de los ciudadanos pues coarta su libertad de protesta, de inconformidad contra actos de gobierno que vulneran sus intereses legítimos.
Expuso que con tal reforma se dio un paso a un régimen de tiranía, que suprime la libertad de manifestación de los ciudadanos, cuando estas no pueden restringirse, sino por el contrario, deben ampliarse y garantizarse.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada a interponer una controversia constitucional para retornar al estado de derecho en donde prevalezca el ejercicio pleno de los derechos humanos, precisó el líder del priísmo tabasqueño.
En ese sentido, dejo en claro que el PRI es una organización que promueve y ejerce la legalidad y prevalencia del estado de derecho.