Obtiene TSJ certificación antisoborno en oralidad penal y mercantil

El Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral fue evaluado para obtener la certificación internacional ISO 37001:2016

Casimiro Sánchez | El Heraldo de Tabasco

  · domingo 13 de diciembre de 2020

El TSJ puso en marcha controles para prevenir, detectar y mitigar actos de corrupción en juzgados penales orales y mercantiles. Fotos: Cortesía

El Tribunal Superior de Justicia de Tabasco demostró alto grado de compromiso como órgano de gobierno con estándares de alta dirección y cumplimiento en la implementación de un sistema de gestión antisoborno, por lo que obtuvo la certificación internacional ISO 37001:2016, debido a que puso en marcha controles para prevenir, detectar y mitigar actos de corrupción en juzgados penales orales y mercantiles, puntualizó José Aguilar Camargo, coordinador de Certificación de NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación.

Al concluir las dos fases de la evaluación del proceso de sentencia en materia penal y mercantil del tribunal local que dio comienzo el 14 de septiembre, Aguilar Camargo agregó que la institución encabezada por el magistrado Enrique Priego Oropeza “ha demostrado un compromiso consistente, y una mejora continua del sistema” que con el tiempo tendrá una madurez positiva.

El certificado con validez en México y 31 países más, será garantía para los usuarios del sistema de justicia de que “el tribunal se mantiene preparado para cubrir estándares de calidad”.

Resaltó que el sistema de gestión ISO 37001:2016 identifica y previene actos de soborno y significa un elemento de confianza y certeza para los justiciables, pero también es un elemento preventivo de conductas irregulares. Como parte de un estándar internacional el sistema de justicia penal oral y oral mercantil da cumplimiento a leyes anticorrupción aplicables, lo que denota que el “Tribunal Superior de Justicia de Tabasco está siendo consistente con los lineamientos antisoborno”, apuntó.

Apenas el pasado 1 de septiembre el Poder Judicial de Tabasco recibió la certificación ISO 37001:2016, toda vez que cumplió los parámetros para mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno para las áreas de compras y obras públicas, en razón de lo cual se fortaleció la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.

En presencia de la secretaria de acuerdos del Consejo de la Judicatura, Elda Beatriz Orueta Méndez, y la directora general de la Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, Guadalupe Cadenas Sánchez, el especialista detalló que la certificación otorgada por la firma The International Certification Network (IQNet) tiene validez ante 37 organismos certificadores de Europa, América y Asia.

El coordinador de Certificación del organismo NYCE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación arribó a la entidad el 9 de noviembre y concluyó su estancia el viernes 20 de noviembre, lapso durante el cual evaluó el proceso en las nueves regiones en que se divide el sistema de justicia penal oral, así como el juzgado de oralidad mercantil con jurisdicción para todo el estado.

El proceso constó de dos etapas principales. La primera fase fue de ejecución de manera remota, para atender los protocolos de la contingencia sanitaria y posteriormente durante dos semanas se efectuó la visita en sitio a los juzgados y áreas administrativas en las que conocieron la operatividad de las áreas, sus mecanismos de prevención y sanción de conductas que pudieran constituir un soborno, así como su programa de difusión que fue traducido a la lengua yokot’án, la cual --de acuerdo al INEGI-- hasta 2010 hablaban 37 mil 72 personas en Tabasco.

CALIDAD Y HONESTIDAD EN EL SERVICIO

La maestra Guadalupe Cadenas Sánchez afirmó que con la certificación antisoborno en las áreas penal y oral mercantil, el magistrado Enrique Priego Oropeza demuestra que el Poder Judicial trabaja con calidad, transparencia y como siempre lo ha hecho, con honestidad y rectitud, toda vez que por ley los funcionarios judiciales están impedidos a recibir regalos o gratificaciones por realizar sus labores.

Relató que se evaluaron los riesgos de soborno en las áreas de la administración del sistema penal acusatorio, así como la implementación de un sistema para evitar que ocurra esa situación, para lo cual se llevaron a cabo pláticas a servidores públicos en cada una de las regiones de administración de justicia penal acusatoria, se dio difusión tanto al Código de Ética, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal en cuanto al delito cometido por personas que imparten justicia.


Comentó que la campaña Cero tolerancia al soborno se está difundiendo en chontal porque en Tabasco todavía tenemos lugares donde se habla esta lengua, “y ellos también tienen derecho a saber cuáles son las conductas en que puede incurrir una persona si se deja llevar por un acto de soborno o en su defecto quieren sobornar a algún servidor judicial, porque para que ocurra debe existir el que ofrece y el que recibe”.

La también estudiante del Doctorado en Proceso Penal Acusatorio Derecho subrayó que con estas acciones se fortalece al Poder Judicial en todos los ámbitos, se contribuye a reducir quejas e instruir procedimientos administrativos cuando haya lugar, además de continuar trabajando en la mejora integral del servicio de administración de justicia para cumplir a los ciudadanos con eficiencia, claridad y ética.

Señaló que la campaña de difusión continuará con la entrega de dípticos y carteles para prevenir el soborno entre usuarios, servidores públicos, abogados litigantes, fiscales y defensores de oficio, y explicó que cualquier conducta irregular puede denunciarse de manera confidencial y anónima al número 99 31 52 79 45 en servicio de WhatsApp.

Se trata de la mejora continua para hacer conciencia entre los servidores judiciales sobre cuáles son las conductas de soborno, consecuencias a mediano y largo plazo, su prevención y las medidas de sanción, para que eviten incurrir en alguna de ellas, mencionó.

Refirió que si se está ante un caso de esta naturaleza corresponde al Consejo de la Judicatura iniciar una carpeta administrativa y tramitarla hasta su conclusión para determinar si ese servidor público al que se le imputa alguna conducta es o no responsable, lo cual constituye la vía administrativa.

En lo tocante a la vía penal si se incurre en un delito se iniciaría una carpeta de investigación ante la Fiscalía del Estado y derivado de ello procederá lo que en derecho corresponda.