/ lunes 24 de junio de 2019

No criminalizar a defensores de migrantes

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos externó su apoyo a "La 72".

Tras las presuntas acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT), en las que ventila posible lavado de dinero en albergues de migrantes -mismas que apuntan a la casa de refugiados ‘La 72’- la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” exigió el cese inmediato del proceso de criminalización contra de esta organización, así como de las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.

A través de un comunicado, la organización conformada por 87 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana, externó su apoyo y solidaridad ante esta ola de agresiones en contra del citado refugio, las cuales -dijo- son muestra de la actual política represiva en materia migratoria.

Expuso que desde su apertura en el 2011 ‘La 72’ ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna, ofreciéndoles asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, así como realizando acciones de incidencia nacional e internacional, denunciando a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas, sin embargo, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración y tras los señalamientos públicos vertidos por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas del estado de Tabasco, buscan criminalizar y difamar su proceder.

Ante ello, de la misma forma instó al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio.

Aunado, demandó que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades. Y finalmente hizo un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes.

Tras las presuntas acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT), en las que ventila posible lavado de dinero en albergues de migrantes -mismas que apuntan a la casa de refugiados ‘La 72’- la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” exigió el cese inmediato del proceso de criminalización contra de esta organización, así como de las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.

A través de un comunicado, la organización conformada por 87 organizaciones en 23 Estados de la República Mexicana, externó su apoyo y solidaridad ante esta ola de agresiones en contra del citado refugio, las cuales -dijo- son muestra de la actual política represiva en materia migratoria.

Expuso que desde su apertura en el 2011 ‘La 72’ ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna, ofreciéndoles asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, así como realizando acciones de incidencia nacional e internacional, denunciando a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas, sin embargo, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración y tras los señalamientos públicos vertidos por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas del estado de Tabasco, buscan criminalizar y difamar su proceder.

Ante ello, de la misma forma instó al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio.

Aunado, demandó que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades. Y finalmente hizo un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes.