Ante los chantajes que cometen los ayuntamientos de Tabasco a los empresarios para invertir en los municipios y que han denunciado organismos como la Canaco y la Coparmex, el diputado de Morena, Exequias Braulio Escalante Castillo, advirtió que “cocinaran” reformas legislativas a la Ley Orgánica de los Municipios con el objeto de frenar estos abusos y que respeten los alcaldes el tabulador que existe sobre los costos de las cargas tributarias y no los hagan de forma discrecional.
Cabe señalar que empresarios han denunciado que en algunos ayuntamientos cobran de 60 mil hasta 120 mil pesos, por permisos de construcción, para carga y descarga, venta de licor, por carga y descarga, para abrir algún restaurante entre otros.
En su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas del Congreso de Tabasco, reconoció que no es suficiente con el exhorto que hizo a los Ayuntamientos de los 17 Municipios, para que establezcan cargas tributarias asequibles y proporcionales a la economía de los obligados al pago de estas exigencias, que estén de conformidad a la normatividad legal en la materia, generen tabuladores oficiales, cumpliendo con los principios de justicia social, de generalidad, de igualdad y de proporcionalidad.
Dijo que en lo que ha transcurrido de este ejercicio fiscal, han existido quejas constantes por parte de personas físicas, jurídicas colectivas, cámaras y agrupaciones diversas que establecen que algunos ayuntamientos están incurriendo en excesos al imponer cargas tributarias elevadas.
"Las cuales en algunos de los casos, en estricta facultad discrecional, establecen cobros que no se encuentran establecidos en tabulador alguno, aplicándose generalmente en franca desproporción y fuera de toda asequibilidad a la economía de los obligados al pago de estas exigencias tributarias", acotó.
Comentó que la recaudación de impuestos es uno de los ingresos reconocidos para los entes públicos en sus distintos niveles de gobierno pues resulta ser trascendental para financiar sus gastos en el sentido de cubrir las necesidades básicas de las administraciones públicas, ya que sin dichos ingresos, su funcionamiento se complica pues no dispondrían de recursos necesarios para sufragar los gastos relacionados a la infraestructura, prestación de servicios públicos como salud, educación, justicia, seguridad y los diversos programas sociales.
Explicó que la regulación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, les corresponden a los diversos entes públicos, los cuales deberán de aplicarse en forma asequible y proporcional a la economía de los obligados al pago de estas exigencias tributarias.