Luego de confirmar que la investigación iniciada por la compra de los terrenos de la Zona Económica Especial de Tabasco (ZEE) quedará pendiente por resolver a la próxima administración estatal, la titular de la Secretaría de la Contraloría, Lucina Tamayo Barrios, informó que las secretarías de Salud, Educación y Finanzas son las dependencias más observadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Durante su comparecencia ante la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda Primera, la funcionaria estatal reconoció además que 200 expedientes se dejarán en trámite a la próxima administración, y señaló que en esta administración se establecieron sanciones económicas por 570 millones de pesos a malos funcionarios.
Aunque con algunos contratiempos durante su comparecencia, ya que en plena sesión se presentó un apagón de Energía eléctrica que tardó unos 15 minutos, Tamayo Barriosprecisó que la Secretaría de Salud es la que tiene mayores observaciones en el manejo de los recursos con mil 800 millones de pesos.
Indicó que a esta dependencia le sigue la Secretaría de Educación (SETAB) y la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) en cuanto a observaciones.
Asimismo, dijo además que la SECOTAB da seguimiento a que cada dependencia solvente las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la dependencia que encabeza.
Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, la funcionaria señaló que se sigue recabando información sobre la presunta compra fraudulenta de los terrenos de la Zona Económica Especial que denunció el gobernador electo, Adán Augusto López Hernández.
La funcionaria estatal dijo que en la Contraloría se trabaja para garantizar a los tabasqueños que cada peso que se ejerció durante esta administración, se destinara para lo que fue presupuestado, y que el compromiso fue lograr acciones más eficientes y eficaces, para la prevención y el combate a la corrupción.
Para ello, dijo que se investigó a 920 servidores públicos, en las que se acreditó responsabilidad administrativa y la correspondiente imposición de sanciones.
De este modo, indicó que este año se emitieron 528 resoluciones por medio de las cuales se investigó a 920 servidores públicos, en las que se acreditó responsabilidad administrativa y la correspondiente imposición de sanciones a algunos de ellos, destacando 31 inhabilitaciones, 7 destituciones, 2 suspensiones, 70 amonestaciones públicas, 4 amonestaciones privadas y 5 sanciones económicas por 160 millones 292 mil 800 pesos.
Mientras que en lo que va del sexenio, se impusieron 260 inhabilitaciones, 30 destituciones, 18 suspensiones, 309 amonestaciones públicas, 147 amonestaciones privadas y 31 sanciones económicas por un monto de 570 millones 176 mil 672 pesos.
“En lo que va del año se han iniciado 226 procedimientos de Investigación, en contra de servidores públicos de esta administración; 201 por denuncias, 6 de Oficio y 19 por auditorías, de las cuales se concluyeron 103 procedimientos de investigación por los siguientes sentidos; 75 declinados a los Órganos Internos de Control de diversas secretarías, Organismos Públicos Autónomos y diversos ayuntamientos; 12 incompetencias, 15 acuerdos de conclusión y archivos por falta de elementos, y un informe de presunta responsabilidad administrativa”, aseveró.
La Contralora destacó que en materia de Sanción de Responsabilidades Administrativas, de los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, lo cual responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad.