/ lunes 16 de septiembre de 2019

Faltan difusión y normatividad  de reforma laboral

Los trabajadores millenials traen una visión distinta del empleo, no tienen arraigo ni buscan permanencia, sostuvo especialista

A la nueva reforma laboral le falta difusión, pero con claridad y paso a paso sobre lo que se debe llevar a cabo. Y si bien algunas disposiciones entrarán en vigor en cuatro años, otras ya están vigentes, aseveró la maestra en Derecho Laboral, María de los Ángeles López Martínez, al disertar la conferencia Las nuevas instituciones laborales.

La también doctorante en Administración y Alta Dirección sostuvo que este proceso de transición es un reto tanto para las entidades federativas como para el gobierno federal, dado que aún se está trabajando en la capacitación y lo que significa la instrumentación de los nuevos tribunales, entre otros temas.

Crear un juzgado laboral implica una conformación distinta de lo que eran las juntas de Conciliación y Arbitraje, porque estos juzgados aunque serán unipersonales requieren de un equipo de trabajo, los secretarios de acuerdo, los funcionarios de apoyo, los actuarios y personal administrativo de apoyo para dar abasto a los reclamos laborales, los cuales han incrementado en 70 por ciento o más en el país desde que inició el proyecto de reforma en 2015, anotó.

María de los Ángeles López recordó que hay regiones en México altamente dinámicas en materia de inversión, por ejemplo la zona norte cuya naturaleza es industrial y el impacto económico es directo. Ahí también se tiene una nueva cultura laboral, los trabajadores millenials traen una visión distinta del empleo, no cuentan con arraigo ni esa ideología de permanencia a largo plazo para quedarse la vida completa en una empresa. Entonces, esta movilidad de trabajo sumada en algunos casos a la alta demanda de empleo, hace que el derecho al trabajo se vuelva más dinámico y también el reclamo.

Señaló que en particular le preocupa que esta reforma le está apostando a la conciliación previa obligatoria, y las juntas locales de Conciliación y quienes litigan se están percatando que estas negociaciones son gracias a los abogados, quizá por la manera tradicional de trabajar y comúnmente se requiere de poca intervención de la autoridad, pues interesa a los representados buscar una solución a su diferendo.

Sin embargo, en materia federal se reduce en gran medida porque los contendientes, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit, afores, o instituciones descentralizadas, también del gobierno federal, no llegan a conciliaciones por una política propia del ente público. Y en todo caso en materia federal se seguirá arrastrando esa historia de alta demanda en que se han convertido los asuntos jurisdiccionales, sin que se puedan resolver en la vía conciliatoria, porque están excluidos de llegar al órgano conciliador, apuntó.

Durante la conferencia dirigida a personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como abogados litigantes, la especialista mencionó que desde hace muchos años en otras regiones se registra el incremento de reclamaciones de pensiones al IMSS, quizá porque ahora haya más conciencia y no porque haya más enfermos que en el pasado. Tanto que dos o tres tercios de los asuntos en materia federal corresponden a asuntos de seguridad social. Esos van a seguir en el órgano jurisdiccional federal y están excluidos de la parte conciliatoria asignada al centro de conciliación.

López Martínez consideró que los asuntos de seguridad social son administrativos más que jurisdiccionales, por lo que propuso separar el IMSS hacia una instancia administrativa especializada en atención de cuestiones relacionadas a enfermedades profesionales o de carácter administrativo para validar todos los derechos que reclaman los trabajadores. Esto, dijo, daría un respiro a la justicia laboral de este país.

Sensibilizar y difundir

Por otro lado, indicó que como parte de la implementación de las reformas aprobadas en mayo pasado patrones y sindicatos deben difundir y sensibilizar en la aplicación de las normas, pues aunque se tienen cuatro años para su implementación, ya se publicó el protocolo para legitimar los contratos colectivos, ya hay cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Agregó que estamos a unos meses para crear los estatutos que darán forma a la junta directiva del Centro Federal de Registro de Documentos Laborales.

Además, para los sindicatos está corriendo un plazo para adecuar sus estatutos a efecto de llevar a cabo la designación o elección de sus directivas a través de procesos democráticos y para ello deberán tomar en cuenta la paridad de género. Entonces diariamente descubrirán que las entidades del país deben armonizar las leyes orgánicas del Poder Judicial y las de la Administración Pública, porque éstas últimas catalogan al órgano desconcentrado que será el centro de conciliación local.

Manifestó que otro punto a tener en cuenta es que en la exposición de motivos de la reforma mediante la cual desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje se enfoca mucho al rezago de los asuntos y se refiere a la dilación en la justicia. Pero el reto es que esas juntas seguirán operando no solamente durante los próximos cuatro años, sino por el tiempo que requieran para concluir los juicios en trámite y si en materia local tenemos tres años para que inicie funciones el juez local durante estos tres años seguirán incrementándose las demandas.

Aseguró que de esta manera esta situación se prolongaría y son recursos económicos que se duplicarían, porque la Secretaría de Finanzas suministra a los poderes Judicial y Ejecutivo y tendrá que sostener dos tribunales simultáneamente para encargarse de una misma causa.

De acuerdo a la reforma laboral los jueces de esta materia requieren de nuevas tecnologías, atender requerimientos de publicidad, inversión para instalaciones y equipamiento de los sitios donde se desarrollarán las audiencias orales. Por ello, María de los Ángeles López expresó su duda sobre el origen de estos capitales para realmente hacer efectiva la reforma en los términos que ha sido planteada.

La tercera pata de la mesa

Además --observó-- falta armonizar leyes, porque si bien es cierto los procesos judiciales en materia laboral son de orden federal y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones relacionadas lo cierto es que la conformación de los juzgados y su operación estará totalmente a cargo de los estados y en sus leyes orgánicas --que no existen--, deberá quedar plasmada la forma en que van a constituirse y operar.

De entrada, comentó, falta la tercera pata de la mesa para tener soporte normativo básico, elemental y mínimo. “Se requieren las leyes orgánicas de las administraciones públicas estatales, en algunos la reforma a la Constitución para dar cabida a que desaparezca la designación que hacía el gobernador de los presidentes de las juntas, por ejemplo, y algo que va despacio, es que el órgano rector, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y la secretaría federal no ha dado el banderazo definitivo para que haya coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales para comenzar la construcción del andamiaje”, puntualizó.

López Martínez consideró necesario más tiempo para el funcionamiento de la reforma laboral. Solamente hay que ver hacia el pasado, cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal en 2008, todo el movimiento que se hizo desde capacitación, instrumentación, difusión, soporte y a 11 años todavía no la vemos concretada.

Aseveró que en materia laboral era aún más necesario, porque abarca al total de la población, ya que en este país quien no trabaja es patrón entonces es quien mueve la economía y propicia la paz, no solamente laboral, sino social. Y se requiere concretar los propósitos para los que fue construida, más por una presión de carácter económico que forzó a acortar los tiempos para materializarla.

Relató que el mismo legislador que tuvo un año para haber regulado la reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017, la reformó apenas el 1 de mayo pasado. Se llevó más de año y medio de retraso en generar la ley reglamentaria y todavía a esa legislación le estampó los transitorios de estos plazos de tres y cuatro años para tomar un respiro y alcanzar a implementar estas instituciones que deberán estar conformadas en ese lapso, pero tenemos más esperanza que certeza de que vaya a ocurrir así. .

Lo único que queda es sensibilizarnos de que estamos en los albores de un nuevo sistema de justicia laboral en México y no solamente va a cambiar de oficinas sino de institución, y también la operación de este sistema, por lo que se debe dar claridad y no confusión, finalizó.

A la nueva reforma laboral le falta difusión, pero con claridad y paso a paso sobre lo que se debe llevar a cabo. Y si bien algunas disposiciones entrarán en vigor en cuatro años, otras ya están vigentes, aseveró la maestra en Derecho Laboral, María de los Ángeles López Martínez, al disertar la conferencia Las nuevas instituciones laborales.

La también doctorante en Administración y Alta Dirección sostuvo que este proceso de transición es un reto tanto para las entidades federativas como para el gobierno federal, dado que aún se está trabajando en la capacitación y lo que significa la instrumentación de los nuevos tribunales, entre otros temas.

Crear un juzgado laboral implica una conformación distinta de lo que eran las juntas de Conciliación y Arbitraje, porque estos juzgados aunque serán unipersonales requieren de un equipo de trabajo, los secretarios de acuerdo, los funcionarios de apoyo, los actuarios y personal administrativo de apoyo para dar abasto a los reclamos laborales, los cuales han incrementado en 70 por ciento o más en el país desde que inició el proyecto de reforma en 2015, anotó.

María de los Ángeles López recordó que hay regiones en México altamente dinámicas en materia de inversión, por ejemplo la zona norte cuya naturaleza es industrial y el impacto económico es directo. Ahí también se tiene una nueva cultura laboral, los trabajadores millenials traen una visión distinta del empleo, no cuentan con arraigo ni esa ideología de permanencia a largo plazo para quedarse la vida completa en una empresa. Entonces, esta movilidad de trabajo sumada en algunos casos a la alta demanda de empleo, hace que el derecho al trabajo se vuelva más dinámico y también el reclamo.

Señaló que en particular le preocupa que esta reforma le está apostando a la conciliación previa obligatoria, y las juntas locales de Conciliación y quienes litigan se están percatando que estas negociaciones son gracias a los abogados, quizá por la manera tradicional de trabajar y comúnmente se requiere de poca intervención de la autoridad, pues interesa a los representados buscar una solución a su diferendo.

Sin embargo, en materia federal se reduce en gran medida porque los contendientes, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Infonavit, afores, o instituciones descentralizadas, también del gobierno federal, no llegan a conciliaciones por una política propia del ente público. Y en todo caso en materia federal se seguirá arrastrando esa historia de alta demanda en que se han convertido los asuntos jurisdiccionales, sin que se puedan resolver en la vía conciliatoria, porque están excluidos de llegar al órgano conciliador, apuntó.

Durante la conferencia dirigida a personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como abogados litigantes, la especialista mencionó que desde hace muchos años en otras regiones se registra el incremento de reclamaciones de pensiones al IMSS, quizá porque ahora haya más conciencia y no porque haya más enfermos que en el pasado. Tanto que dos o tres tercios de los asuntos en materia federal corresponden a asuntos de seguridad social. Esos van a seguir en el órgano jurisdiccional federal y están excluidos de la parte conciliatoria asignada al centro de conciliación.

López Martínez consideró que los asuntos de seguridad social son administrativos más que jurisdiccionales, por lo que propuso separar el IMSS hacia una instancia administrativa especializada en atención de cuestiones relacionadas a enfermedades profesionales o de carácter administrativo para validar todos los derechos que reclaman los trabajadores. Esto, dijo, daría un respiro a la justicia laboral de este país.

Sensibilizar y difundir

Por otro lado, indicó que como parte de la implementación de las reformas aprobadas en mayo pasado patrones y sindicatos deben difundir y sensibilizar en la aplicación de las normas, pues aunque se tienen cuatro años para su implementación, ya se publicó el protocolo para legitimar los contratos colectivos, ya hay cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sobre las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Agregó que estamos a unos meses para crear los estatutos que darán forma a la junta directiva del Centro Federal de Registro de Documentos Laborales.

Además, para los sindicatos está corriendo un plazo para adecuar sus estatutos a efecto de llevar a cabo la designación o elección de sus directivas a través de procesos democráticos y para ello deberán tomar en cuenta la paridad de género. Entonces diariamente descubrirán que las entidades del país deben armonizar las leyes orgánicas del Poder Judicial y las de la Administración Pública, porque éstas últimas catalogan al órgano desconcentrado que será el centro de conciliación local.

Manifestó que otro punto a tener en cuenta es que en la exposición de motivos de la reforma mediante la cual desaparecen las juntas de Conciliación y Arbitraje se enfoca mucho al rezago de los asuntos y se refiere a la dilación en la justicia. Pero el reto es que esas juntas seguirán operando no solamente durante los próximos cuatro años, sino por el tiempo que requieran para concluir los juicios en trámite y si en materia local tenemos tres años para que inicie funciones el juez local durante estos tres años seguirán incrementándose las demandas.

Aseguró que de esta manera esta situación se prolongaría y son recursos económicos que se duplicarían, porque la Secretaría de Finanzas suministra a los poderes Judicial y Ejecutivo y tendrá que sostener dos tribunales simultáneamente para encargarse de una misma causa.

De acuerdo a la reforma laboral los jueces de esta materia requieren de nuevas tecnologías, atender requerimientos de publicidad, inversión para instalaciones y equipamiento de los sitios donde se desarrollarán las audiencias orales. Por ello, María de los Ángeles López expresó su duda sobre el origen de estos capitales para realmente hacer efectiva la reforma en los términos que ha sido planteada.

La tercera pata de la mesa

Además --observó-- falta armonizar leyes, porque si bien es cierto los procesos judiciales en materia laboral son de orden federal y están reglamentados en la Ley Federal del Trabajo y demás disposiciones relacionadas lo cierto es que la conformación de los juzgados y su operación estará totalmente a cargo de los estados y en sus leyes orgánicas --que no existen--, deberá quedar plasmada la forma en que van a constituirse y operar.

De entrada, comentó, falta la tercera pata de la mesa para tener soporte normativo básico, elemental y mínimo. “Se requieren las leyes orgánicas de las administraciones públicas estatales, en algunos la reforma a la Constitución para dar cabida a que desaparezca la designación que hacía el gobernador de los presidentes de las juntas, por ejemplo, y algo que va despacio, es que el órgano rector, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal y la secretaría federal no ha dado el banderazo definitivo para que haya coordinación efectiva entre autoridades federales y estatales para comenzar la construcción del andamiaje”, puntualizó.

López Martínez consideró necesario más tiempo para el funcionamiento de la reforma laboral. Solamente hay que ver hacia el pasado, cuando se implementó el nuevo sistema de justicia penal en 2008, todo el movimiento que se hizo desde capacitación, instrumentación, difusión, soporte y a 11 años todavía no la vemos concretada.

Aseveró que en materia laboral era aún más necesario, porque abarca al total de la población, ya que en este país quien no trabaja es patrón entonces es quien mueve la economía y propicia la paz, no solamente laboral, sino social. Y se requiere concretar los propósitos para los que fue construida, más por una presión de carácter económico que forzó a acortar los tiempos para materializarla.

Relató que el mismo legislador que tuvo un año para haber regulado la reforma al artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017, la reformó apenas el 1 de mayo pasado. Se llevó más de año y medio de retraso en generar la ley reglamentaria y todavía a esa legislación le estampó los transitorios de estos plazos de tres y cuatro años para tomar un respiro y alcanzar a implementar estas instituciones que deberán estar conformadas en ese lapso, pero tenemos más esperanza que certeza de que vaya a ocurrir así. .

Lo único que queda es sensibilizarnos de que estamos en los albores de un nuevo sistema de justicia laboral en México y no solamente va a cambiar de oficinas sino de institución, y también la operación de este sistema, por lo que se debe dar claridad y no confusión, finalizó.

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