En riesgo Reforma laboral por atentar contra las libertades sindicales

La reforma laboral corre el riesgo de ser declarada inconstitucional, ya que contiene preceptos que atentan contra las libertades sindical y de negociación colectiva, aseguró Héctor Maldonado Pérez, vicepresidente de la Academia Nacional del Derecho y la Previsión Social, al dictar la conferencia “Las modificaciones en materia colectiva, sindicalización, contratación colectiva y huelga”.

Maldonado Pérez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde imparte la cátedra de Derecho del Trabajo y coordina el Colegio de Maestros de Derecho Laboral, recordó que los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), firmados por México, siguen vigentes y con esta reforma fueron atropellados, porque los sindicatos no tienen libertad de redactar sus estatutos, negociar o nombrar a sus representantes, porque la ley les está diciendo qué camino seguir.

Aseveró que la reforma laboral va en contra de instrumentos internacionales y éstos tienen la misma jerarquía que la Constitución y en algunos casos se ubican más arriba de ella si favorecen a los trabajadores. Cuando esos tratados contradigan la Constitución habrá problemas, consideró.

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Sostuvo que al momento de aprobar las nuevas disposiciones en materia laboral se dijo que era para que México cumpla con esos tratados, pero con estas reformas se está incumpliendo totalmente, porque contradicen las libertades sindical y de negociación colectiva.

El especialista, quien cursó la maestría en Derecho del Trabajo en la Escuela de Posgrado y además es maestro emérito en la universidad neoleonesa, abordó también el tema de los contratos colectivos en donde apuntó que hay una sobrerregulación y el Estado tiene injerencia donde debe haber democracia y libertar para que las partes hagan sus propios derechos y obligaciones, como ha ocurrido hasta ahora.

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El contrato colectivo, dijo, es un modelo de la relación laboral que ambas partes establecen, en este caso, el Estado sólo debe vigilar que no se violen los derechos mínimos de la ley y no puede ser un controlador de lo que las partes establecen sobre sus derechos y obligaciones.

Sobre los sindicatos, aplaudió que éstos entren en orden, el problema ahí es que hasta ahora no se les había exigido que cumplieran sus obligaciones, comentó ante magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces, proyectistas, jefes de causa y actuarios, así como integrantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, abogados y dirigentes sindicales.

Cambios para bien

Maldonado Pérez reconoció que lo mejor de la reforma fue la creación del órgano de conciliación, porque nadie va a querer ir con los jueces, y porque habrá gente dedicada exclusivamente a conciliar. Manifestó que con ello 80 por ciento de los asuntos se arreglarán en la conciliación y solamente el restante 20 por ciento pasará a ser del conocimiento de los jueces, aunque “esto dependerá de que los estados seleccionen a la mejor gente, la más honesta, conocedora y que les tengan confianza para que puedan ejercer”.

El ex diputado local y ex titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría del Trabajo de Nuevo León señaló que la conciliación es la mejor forma de resolver un conflicto, porque es pronta, gratuita, definitiva y democrática, en ella participan las dos partes para resolver su problema. Y ahora hay un principio que dice que no se puede demandar si antes no se acude a la conciliación, lo que será un cedazo para que no haya demandas.

Pese a sus reticencias, comentó que no nos debe parecer mal que se hagan cambios siempre y cuando sean para bien. El problema es que teníamos cien años con un sistema y se esperaba que se corrigiera lo que ya se tenía, se suprimió todo y el reto ahora es que todos estos nuevos conceptos cumplan sus objetivos.

Mencionó que la reforma fue aprobada el 1 de mayo y ya se han hecho otras tres reformas a lo aprobado, porque el derecho laboral es un área muy compleja y aún no entra en vigor. A medida que se vaya aplicando y se vean las dificultades se deberá tener la capacidad para reformar lo que se requiera para mejorar la administración de justicia laboral.

Por lo pronto, hay que ponerse a estudiar y ver cómo los involucrados cumplen lo establecido, indicó.