Tras considerar que el tema del aborto es competencia de cada una de las 32 entidades de la República, de modo que no se debe regular esta práctica a través de un código penal único, el Presidente del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes Ramos, pidió a las instancias del gobierno estatal encargadas de la Feria Tabasco 2019, clarificar la función que tendrá el Comité Ciudadano para definir si procede o no la aplicación de un cobro a partir del 2020.

Asimismo, indicó que en caso de ser necesario tendrían que intervenir los integrantes de la actual Legislatura para regular la operación de lo que acaba de ser declarado patrimonio intangible del estado.

“Hasta ahora nadie ha explicado cuál es la naturaleza jurídica del Comité de Feria como para establecer contribuciones, aunque el establecimiento de impuestos, derechos y aprovechamientos es una facultad exclusiva del Congreso del estado y si no se ha legislado al respecto, yo no veo qué facultades tenga un comité, yo no sé si es ciudadano, de particulares, una asociación civil, una sociedad anónima, no sé qué carácter tenga como para imponer contribuciones por el uso de bienes públicos por que el parque de la feria y la feria en si es de carácter público, además de que ya son patrimonio del estado”, afirmó,

Por ello, dijo que sería bueno que se defina cuál es la naturaleza de este comité para definir sus alcances y atribuciones.

Opinó que de esta manera, de existir una ley, se dejarían de estar tomando decisiones arbitrarias como el hecho de que en la elección de la Flor de Oro no pueden participar menores de 16 años, como ocurrió con el municipio de Centla, lo cual fue una decisión discrecional y voluntariosa. “Hay que regular esto, a mí me parece que esas decisiones discrecionales, voluntariosas a veces hasta extravagantes deben legislarse”.

En otro tema, consideró que el tema del aborto es competencia de los estados de la república, y en el caso de Tabasco la ley es adecuada porque permite esta práctica cuando está en peligro la vida de la madre, cuando el producto presenta alguna enfermedad degenerativa, es producto de una violación o de una inseminación artificial no autorizada.

“Nos parece correcta esa legislación y sería un mal precedente que se centralizara esta disposición a través de un código penal único; esto es competencia del Congreso local y pueden consultarlo como lo marca la ley a través de foros y conferencias en el seno del propio Congreso”, puntualizó.