/ miércoles 2 de octubre de 2019

Cárcel a quien "muerda" por no cortar la luz

El Congreso local dio entrada a una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal de Tabasco y que prevé cárcel de uno a cinco años a quienes laboran para la Comisión Federal de Electricidad o a cualquier persona jurídico colectiva, (terceros), que condicionan el servicio de energía eléctrica.

El Congreso local dio entrada a una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal de Tabasco y que prevé cárcel de uno a cinco años a quienes laboran para la Comisión Federal de Electricidad o a cualquier persona jurídico colectiva, (terceros), que condicionan el servicio de energía eléctrica a través de una gratificación extra oficial “mordida”, con el ánimo de no cortar la luz.

En la Iniciativa presentada por el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, explicó en la tribuna que Tabasco podría ser el primer estado en establecer sanciones corporales y económicas, con el propósito de castigar ejemplarmente el robo de energía eléctrica, que tanto ha afectado a la ciudadanía tabasqueña.

Puntualizó que en ese contexto, el artículo 169 de la Ley de la Industria Eléctrica, faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a denunciar al funcionario que actúe arbitrariamente, para que sea sancionado conforme a la legislación penal vigente, pero se aprecia que en el Código Penal Federal y en el local, no se encuentra tipificado,( podemos ser el primer estado en hacerlo) ni se toma en cuenta cuando las propias autoridades, o personal que labora en ellas, permiten el uso indebido de la energía eléctrica.

"Solo se conceptualiza el elemento de robo, pero considero que sus sanciones son muy leves y respecto a particulares no hay sanción a imponer, de ahí que en lo particular se proponga elevar sanciones de uno a cinco años, e imponer multas hasta doble del monto robado al servidor público, contratista, permisionario, o persona involucrada con el sector de la industria eléctrica o cualquier tipo de persona jurídico colectiva, que obtenga un beneficio económico personal por permitir o contribuir en el uso ilegal de energía eléctrica”, acotó.

El legislador Sepúlveda del Valle, señaló que por ejemplo, en los municipios de Centro, Comalcalco y Macuspana, se han detectado cerca de 5 mil 266, tomas clandestinas de las 9 mil 541 detectadas hasta el mes de septiembre actual, situación que no se debe de permitir.


El Congreso local dio entrada a una Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal de Tabasco y que prevé cárcel de uno a cinco años a quienes laboran para la Comisión Federal de Electricidad o a cualquier persona jurídico colectiva, (terceros), que condicionan el servicio de energía eléctrica a través de una gratificación extra oficial “mordida”, con el ánimo de no cortar la luz.

En la Iniciativa presentada por el diputado independiente José Manuel Sepúlveda del Valle, explicó en la tribuna que Tabasco podría ser el primer estado en establecer sanciones corporales y económicas, con el propósito de castigar ejemplarmente el robo de energía eléctrica, que tanto ha afectado a la ciudadanía tabasqueña.

Puntualizó que en ese contexto, el artículo 169 de la Ley de la Industria Eléctrica, faculta a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a denunciar al funcionario que actúe arbitrariamente, para que sea sancionado conforme a la legislación penal vigente, pero se aprecia que en el Código Penal Federal y en el local, no se encuentra tipificado,( podemos ser el primer estado en hacerlo) ni se toma en cuenta cuando las propias autoridades, o personal que labora en ellas, permiten el uso indebido de la energía eléctrica.

"Solo se conceptualiza el elemento de robo, pero considero que sus sanciones son muy leves y respecto a particulares no hay sanción a imponer, de ahí que en lo particular se proponga elevar sanciones de uno a cinco años, e imponer multas hasta doble del monto robado al servidor público, contratista, permisionario, o persona involucrada con el sector de la industria eléctrica o cualquier tipo de persona jurídico colectiva, que obtenga un beneficio económico personal por permitir o contribuir en el uso ilegal de energía eléctrica”, acotó.

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