Durante la sesión de hoy la fracción del PRI presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al ciudadano Gobernador del Estado, así como al Secretario de Movilidad, para los efectos de que giren las instrucciones necesarias a fin de que se le pague el subsidio que se les adeuda a los transportistas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del año dos mil veinte.
El diputado Gerald Washington Herrera Castellanos, señaló que durante el año 2019 y hasta el mes de junio del año 2020, la Secretaria de Movilidad había venido pagando la parte que le corresponde aportar más o menos regularmente, sin embargo, durante los meses de julio, agosto y septiembre, no se los han pagado, lo que afecta a los transportistas.
Dijo que al acudir a las oficinas de la Secretaría de Movilidad no fueron atendidos por su titular, sino por una persona de nombre Amado Miguel Ojeda Ortiz, quien se ostenta como director técnico y según los transportistas es el “poder tras el trono” pues es el que atiende al sector, pese a que existe un subsecretario del ramo, pero solo está de florero, en síntesis la persona mencionada les dijo que no les pagarán, ya que él considera que no es obligatorio y además no tienen con que comprobarlo.
Detalló que esta situación está afectando gravemente a los concesionarios o permisionarios que se ven beneficiados con ese recurso, ya que ellos siguen cobrando el cincuenta por ciento a estudiantes, personas adultas mayores y a los policías pues dichas personas se siguen transportando normalmente a diversas partes, haya o no clases y sin importarles la pandemia que se vive en el país.
“Por lo anterior, se considera pertinente que el Congreso del Estado intervenga gestionando ante el titular del Poder Ejecutivo del Estado el pago del subsidio que se adeuda a los transportistas, ya que es un recurso que está debidamente presupuestado y autorizado y según señalan los transportistas solo está retenido porque el funcionario Amado Miguel Ojeda Ortiz mal informa al Secretario de Movilidad y al Gobernador del estado, proporcionándole datos erróneos soslayando que ese subsidio está soportado legalmente como se señaló en líneas anteriores y que además los beneficiarios son las personas que solo pagan el 50% del pasaje autorizado”.
