Alejandra Arias Gómez presidenta de la asociación civil “Aldea por los niños" consideró que ante el desperdicio de caducidad de más de 100 mil cajas de medicamentos en Tabasco esto es un delito y violencia institucional que debe investigarse.
Lee más: Habrá investigación sobre los medicamentos caducados: Carlos Merino
En entrevista Arias Gómez señaló " es grave ya que padres de familia han estado solicitando durante toda la pandemia medicamentos, es un crimen es un delito, es un tipo de violencia institucional hay que recordar cuando la violencia institucional es cuando la autoridad y las instituciones que se mantienen con recurso público violentan los derechos a través de la omisión".
Detalló que esta omisión es "una violencia criminal desde el punto de vista del marco normativo desde el punto de vista, es violencia institucional que puso en riesgo la integridad de las personas"
Dijo que hay que preguntarse de cuanta gente afectada hubo "hay que investigar también de cuantas personas de escasos recursos que no pudieron tener recursos para comprar medicamentos costosos y necesarios fallecieron o tuvieron complicaciones, estamos hablando de un crimen que se cometió contra los tabasqueños"
Comentó que durante la pandemia que uno de los problemas fue justamente " la negación del medicamento cuando existía suficiente, fallaron muchas instituciones, es un crimen ya que seguramente esto llevó a fallecimiento de personas estamos hablando de que falló la estructura institucional o de mando en la Secretaría de Salud ya que se entiende que hay áreas específicas que son pagadas por el presupuesto público que se encargan de establecer brigadas comunitarias a través de la Secretaría de salud estos medicamentos".
Explicó que "no funcionaron las áreas que estuvieron encargadas de hacer llegar este medicamento, a través de los centros de salud". Cabe hacer mención que de acuerdo a la investigación del Heraldo de Tabasco, uno de los medicamentos más necesitados para el tratamiento de niños con cáncer es el metotrexato el cual fue negado en los hospitales públicos durante la pandemia.
