Ante una presunta amenaza de desalojo hacia los vendedores ambulantes que se encuentran en la Avenida Gregorio Méndez Magaña, cerca del mercado de Tamulté, los comerciantes solicitaron un diálogo con las autoridades del municipio e hicieron un llamado a la no represión por parte de los trabajadores, señalando al encargado de Fiscalización y normatividad César Castro, a quien acusaron de actuar de forma prepotente y arbitraria contra los comerciantes.
Colocando pancartas en sus puestos, los comerciantes piden que los dejen trabajar, señalando que ellos se ganan el sustento diario de forma honrada.
José Luis Martínez Sánchez, vendedor de frutas y aguas frescas, señaló que ha habido negativa para aceptar los pagos mensuales que pide el municipio para la renovación de permisos que la pasada administración les otorgó, por lo que han tenido roces con el funcionario mencionado.
Detalló que les han señalado de una presunta reubicación hacia el mercado provisional de Casa Blanca, pero ellos se niegan, debido a que los comerciantes que han enviado a esa sede, han reportado que no venden, debido a que es poca la gente que llega a comprar, por lo que señala, “los mandarán a morir de hambre”.
Los inconformes acusaron al funcionario de incurrir en amenazas y violencia hacia los comerciantes, cuando ellos lo único que buscan es trabajar para poder mantener a sus familias.
“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial artículo 15...”.
Los vendedores pidieron la intervención de autoridades de gobierno para que los apoye, debido a que sólo se dedican a trabajar; y que aunque reconocen que se encuentran en la vía pública, aseguran que no afectan a nadie, ni estorban.
Dijeron estar abiertos al diálogo y de que las cosas se den por la vía del respeto y cordura, por lo que no hay necesidad de que se ejerza la violencia en su contra, reclamando que personal de fiscalización acude a la zona para intimidarlos y amenazarlos con despojarlos de sus productos.