La diputada local de MC, Casilda Ruíz Agustín aclaró que su iniciativa no contempla la pérdida de la patria potestad, como lo aseguran grupos profamilia.
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Además aclaró que de manera general no se busca prohibir las terapias, sino más bien castigar a quien obligue a cualquier persona a someterse a una.
"Los grupos profamilia están manejando otra información donde mencionan que se aplicarán 10 y 20 años de cárcel para personas que obliguen a jóvenes a tener esas terapias de conversión", dijo.
Sin embargo -añadió- la iniciativa dice de 2 a 5 años de cárcel al igual que en los 13 estados donde se ha aprobado esta iniciativa y hay tres estados que aún están en comisión y que todavía no resuelven, apuntó.
La legisladora local dijo que ve en esta manifestación que tienen una "información errónea" de alguien que les dio una apreciación que no es la correcta. Añadió que como diputada está en la mejor disposición de atender y platicar con ellos. "Y si tienen alguna propuesta la recibimos", abundó.
Dijo que le llama la atención esta protesta porque la iniciativa se presentó el pasado 23 de marzo y hasta el momento no tiene información de que esté en discusión en la comisión a la que fue turnada.
"A mí me llama mucho la atención la molestia porque seguramente alguien les ha de estar llevando información que no es a como la planteamos, sin embargo estamos abiertos al diálogo con quién le interese conocer en qué sentido va la iniciativa", subrayó.
Señaló que esa iniciativa se presentó a raíz de una propuesta de una asociación civil que tienen información de cómo se dan esas terapias de conversión.
"Es un proceso triste, incluso ha causado depresión y llega hasta el suicidio, hay que combatir los procedimientos que incurren en violación de los derechos humanos de las personas", expresó.
