La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Karla Rabelo Estrada, dio a conocer que sesionaran este jueves para iniciar con el análisis de la nueva iniciativa enviada por el gobernador Adán Augusto López Hernández, para reducir las prerrogativas de los partidos hasta en un 50%.
No descartó la posibilidad de una reunión entre los diputados de la Comisión de Gobernación con consejeros electorales o magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, para hacer una revisión a fondo de la iniciativa y verificar que no pueda ser invalidar nuevamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Iniciativa detalla la fuente de financiamiento que tiene el partido político local es a través de lo que establece la Ley General de partidos políticos y en el caso de los partidos políticos nacionales que están en Tabasco es a través de lo que establece la Constitución del estado. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), inválido la reforma que hizo el Poder Legislativo a través de la propuesta presentada por la Bancada de MORENA, para reducir al 50% el financiamiento a los partidos políticos de la entidad.
Sin embargo, destacó que ahora se considera las observaciones que hizo la Suprema Corte en la Iniciativa que aprobó el Congreso local en 2018 y que se declaró inconstitucional, apenas el pasado 6 de septiembre de 2019.
La legisladora de MORENA, indicó que la iniciativa podría ser bajada al Pleno la próxima semana si se logran los acuerdos entre los legisladores.
En la sesión del pasado martes, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández propuso reformar el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VIII, del Apartado A, del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de financiamiento a los partidos políticos.
El documento señala que dicha propuesta se deriva de la implementación de la austeridad republicana cuyo objetivo es cumplir con el principio de “estabilidad de las finanzas públicas”, por lo que se busca establecer la asignación del financiamiento público local de los partidos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
