Como preocupante y riesgoso para la misma obra de la Refinería de Dos Bocas calificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández el hecho de que la empresa a estadounidense Kellogg Brown and Root (KBR), encargada de los paquetes 4 y 6 de la refinería abandonara la segunda fase del proyecto por sobrepasar las estimaciones presupuestales.
El líder del comercio organizado de Tabasco consideró que además de falta de seriedad, esto deja ver una mala organización por parte de quienes están a cargo del proyecto, considerado como la obra insigne de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
“Es preocupante y de mucho riesgo, al final de cuentas deja entrever que no se hizo una planeación correcta, y desde luego yo creo que para hacer un proyecto de esa magnitud, si los requisitos tienen que ser muy estrictos, y desde luego supervisa la empresa, ver qué tanta es la capacidad económica que tiene, porque tienes que checar ahí cuanto va a ser tu valor, tu balance de resultados, y desde luego ver la posibilidad de que todo salga muy bien”, aseveró.
Entrevistado en el marco de la rueda de prensa donde la Canaco se sumó al proyecto 4R que lleva a cabo la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, consideró que esto lo debe aclarar la Secretaría de Energía.
“Es lamentable que sea este suceso, ahí el gobierno federal tiene que poner un poco más de énfasis y ver a qué empresas le dan estas licitaciones, porque también si se confía en empresas extranjeras, por qué no confiar en empresas tabasqueñas o mexicanas que podrían cumplir con mejor requisito”, argumentó.
Lamentas que CEDH no promueva acciones contra la "ley antichatarra"
Miranda Hernández lamentó también el hecho de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) haya determinado no promover una acción de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Antichatarra.
Insistió en que el sector comercio no fue tomado en cuenta en la elaboración de dicha ley, y reprochó que la CEDH concluyera en que no se violentan los derechos humanos de los comerciantes cuando es evidente que el impacto es significativo.
Agregó que la prohibición no es el camino para resolver problemas de salud pública como la obesidad y diabetes infantil, por lo que espera que en un futuro las autoridades puedan reconsiderar su postura.
