Hoy Andrés Manuel López Obrador ya es presidente, es la autoridad y puede utilizar su poder para edificar el proyecto de nación prometido en campaña electoral.
El problema es que una cosa es estar en campaña política y otra es gobernar, cambia el contenido. En campaña todo lo malo y lo que no ha funcionado es atribuible a quien gobierna y al ser gobierno, la realidad siempre supera las perspectivas y el presupuesto se reduce, las promesas de campaña ya no son fáciles de cumplir y cuando esto pasa, el tiempo se le viene encima a quien ganó la elección. Con esta dinámica, los cambios son difíciles de implementar y a partir de ahí, el gobernante tiene la disyuntiva de describir con la máxima crudeza las cosas como son o engañar a la opinión pública.
En Tabasco, Morena prometió en campaña cancelar adeudos de usuarios con CFE, lo que representa más de 8 mil 471 millones de pesos, tan solo a usuarios domésticos y que no fue contemplado en el presupuesto federal de este año.
El borrón y cuenta nueva de la cartera vencida es una lucha de muchos años y desde diferentes frentes pero no resuelve el problema para 600 mil usuarios de CFE que exigen una tarifa preferencial para Tabasco, por los cobros excesivos en los recibos de luz. La condonación selectiva de adeudos con CFE no es fácil, no solo por el dinero, pues sería una medida discriminatoria, inequitativa y que vulnera el Estado de Derecho, al fomentar la cultura del no pago. Se tendría que instrumentar una estrategia similar en todo el país y se necesitaría un presupuesto adicional de 43 mil millones de pesos, que es la deuda histórica de CFE y que afectaría el funcionamiento financiero de la empresa.
La bandera política del movimiento de resistencia civil, ha generado mayores problemas a usuarios de CFE y grandes pérdidas económicas al Estado mexicano durante décadas. En 2008, CFE y el gobierno del estado firmaron el Acuerdo Compensatorio por Tabasco, donde el gobierno estatal pagaría la mitad del adeudo de los ciudadanos morosos y la otra mitad sería cubierto por los propios usuarios en un plazo de cinco años. Esta aportación estatal no se solventó.
Lo mismo sucedió en 2015, cuando CFE y el gobierno estatal firmaron el Convenio de la mano por Tabasco, que en realidad fue un contrato al que se adhirieron cerca de 210 mil tabasqueños, que en sus clausulas autorizaba a CFE a acudir a tribunales federales para exigir el pago del adeudo firmado hasta el embargo e incluso, ilegales cobros de deudas prescritas.
No veo factible que el gobierno de Tabasco logre el borrón y cuenta nueva con CFE, la Secretaría de Hacienda tiene la última palabra. Seguramente se podrá firmar acuerdos como los que hicieron los gobiernos de Granier y Núñez. Por ello insisto, solo terminará la resistencia civil con una mejor tarifa eléctrica para el estado, que beneficie a todos incluyendo a quienes sí pagan puntualmente sus recibos de consumo. Pero han existido intereses políticos desde hace 24 años cuando el PRD y luego Morena, abanderaron este movimiento. Ha pasado mucho tiempo y si se quisiera dar la tarifa preferencial ya habría un acuerdo.
Sí, gobernar no es nada fácil aún teniendo en la mano todos los factores de gobernabilidad, como le sucede a Morena en la Presidencia, contando con mayoría en el Congreso de la Unión y en 19 de 26 Congresos locales renovados en 2018.
