/ miércoles 30 de enero de 2019

Taxis, orden y ¿seguridad?

El uso de taxis para cometer delitos ha creado una percepción de recelo en su uso. El riesgo aumenta en los que ni siquiera están regulados y no existe manera de dar seguimiento a la identidad, antecedentes, capacitación del conductor y las condiciones del vehículo.

La seguridad para el pasajero es vital, como lo es la confianza de utilizar un taxi que cuente con la mayor cantidad posible de candados que la garanticen y dar paso al uso frecuente de ese servicio.

En tanto regulador y dador único de concesiones para el servicio de taxi en sus distintas modalidades, el gobierno del estado, a través de la ahora Secretaría de Movilidad, se apresta a aplicar la ley mediante operativos a partir de febrero, lo cual manda una señal en cuanto al orden que urge en ese sector.

La titular de la dependencia, Egla Cornelio Landero, dice que localizarán y detendrán unidades piratas o incumplan con la actual Ley de Transportes pero dan el servicio, en referencia a Uber.

Con esta acción, regresará entonces la detención de estas unidades que, de acuerdo a la experiencia de usuarios en Villahermosa, se considera segura en cuanto a la confianza de utilizar el servicio a cualquier hora, sobre todo de noche o de madrugada.

Se ha convertido así en una opción –con base en la tecnología de seguimiento- que ha ganado terreno frente a los Taxis Plus y Taxis Rosa, éstos vía concesiones dadas en el pasado gobierno.

El despegue de ambos servicios tipo ejecutivo se atrasó por las fallas en la aplicación y degeneró la prestación de servicios tipo colectivo como los taxis amarillos o de habilitar un número para crear una red vía whatsapp para los usuarios, entre otros problemas que afianzaron más el servicio Uber.

Fuera de eso, viajar en un Taxi Plus es similar al Uber, aunque requiere de una persistencia y calidad en el uso de la aplicación para generar la confianza necesaria en caso de que los operativos resulten en una baja en el número de unidades Uber.

Porque a pesar de que los saquen de circulación, la gente seguirá buscándolos hasta ver si desaparece o se llega a un acuerdo con la autoridad porque su uso es socorrido.

La Secretaría de Movilidad tendrá la responsabilidad y obligación de velar que la alternativa de servicio –esté o no Uber- sea eficaz en cuanto a los Taxi Plus y Taxi Rosa, pues quitará una opción confiable al usuario y tiene el deber de garantizar que las otras opciones lo sean.

Aquí entra también la responsabilidad de esos recientes prestadores de servicio que, por cierto, incursionan ya en los hipermercados con unidades en sitios fijos, quizá ya con el permiso de la autoridad.

En el caso de taxis piratas no hay vuelta de hoja. Veremos hasta dónde se aplica porque seguro habrá una reacción. Basta recordar que en agosto pasado protestaron al estacionar sus unidades en Plaza de Armas y Malecón.

Desde luego los usuarios que no solo pretenden un buen servicio colectivo o especial, en el caso de los taxis amarillos o radio taxis, que también lo dan, quieren seguridad y un taxi pirata que no pasa por la regulación oficial representa un riesgo potencial. O son regulados, se retiran o serán perseguidos, no habrá más opción.

El pirataje es algo que el gobernador, Adán Augusto López Hernández, comprometió combatir ante la Unión de Taxis Amarillos en abril del año pasado en campaña al considerarlo un mal consecuencia de la corrupción y la complacencia de las autoridades.

Pondrá entonces manos a la obra para que no haya complacencia en su gobierno una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para alistar toda la estrategia que arrancará el 15 de febrero.

El uso de taxis para cometer delitos ha creado una percepción de recelo en su uso. El riesgo aumenta en los que ni siquiera están regulados y no existe manera de dar seguimiento a la identidad, antecedentes, capacitación del conductor y las condiciones del vehículo.

La seguridad para el pasajero es vital, como lo es la confianza de utilizar un taxi que cuente con la mayor cantidad posible de candados que la garanticen y dar paso al uso frecuente de ese servicio.

En tanto regulador y dador único de concesiones para el servicio de taxi en sus distintas modalidades, el gobierno del estado, a través de la ahora Secretaría de Movilidad, se apresta a aplicar la ley mediante operativos a partir de febrero, lo cual manda una señal en cuanto al orden que urge en ese sector.

La titular de la dependencia, Egla Cornelio Landero, dice que localizarán y detendrán unidades piratas o incumplan con la actual Ley de Transportes pero dan el servicio, en referencia a Uber.

Con esta acción, regresará entonces la detención de estas unidades que, de acuerdo a la experiencia de usuarios en Villahermosa, se considera segura en cuanto a la confianza de utilizar el servicio a cualquier hora, sobre todo de noche o de madrugada.

Se ha convertido así en una opción –con base en la tecnología de seguimiento- que ha ganado terreno frente a los Taxis Plus y Taxis Rosa, éstos vía concesiones dadas en el pasado gobierno.

El despegue de ambos servicios tipo ejecutivo se atrasó por las fallas en la aplicación y degeneró la prestación de servicios tipo colectivo como los taxis amarillos o de habilitar un número para crear una red vía whatsapp para los usuarios, entre otros problemas que afianzaron más el servicio Uber.

Fuera de eso, viajar en un Taxi Plus es similar al Uber, aunque requiere de una persistencia y calidad en el uso de la aplicación para generar la confianza necesaria en caso de que los operativos resulten en una baja en el número de unidades Uber.

Porque a pesar de que los saquen de circulación, la gente seguirá buscándolos hasta ver si desaparece o se llega a un acuerdo con la autoridad porque su uso es socorrido.

La Secretaría de Movilidad tendrá la responsabilidad y obligación de velar que la alternativa de servicio –esté o no Uber- sea eficaz en cuanto a los Taxi Plus y Taxi Rosa, pues quitará una opción confiable al usuario y tiene el deber de garantizar que las otras opciones lo sean.

Aquí entra también la responsabilidad de esos recientes prestadores de servicio que, por cierto, incursionan ya en los hipermercados con unidades en sitios fijos, quizá ya con el permiso de la autoridad.

En el caso de taxis piratas no hay vuelta de hoja. Veremos hasta dónde se aplica porque seguro habrá una reacción. Basta recordar que en agosto pasado protestaron al estacionar sus unidades en Plaza de Armas y Malecón.

Desde luego los usuarios que no solo pretenden un buen servicio colectivo o especial, en el caso de los taxis amarillos o radio taxis, que también lo dan, quieren seguridad y un taxi pirata que no pasa por la regulación oficial representa un riesgo potencial. O son regulados, se retiran o serán perseguidos, no habrá más opción.

El pirataje es algo que el gobernador, Adán Augusto López Hernández, comprometió combatir ante la Unión de Taxis Amarillos en abril del año pasado en campaña al considerarlo un mal consecuencia de la corrupción y la complacencia de las autoridades.

Pondrá entonces manos a la obra para que no haya complacencia en su gobierno una vez que ha transcurrido el tiempo necesario para alistar toda la estrategia que arrancará el 15 de febrero.

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