La inmensa mayoría de los gobernados confían plenamente en que el Fiscal General del Estado (FGE), Jaime Humberto Lastra Bastar, meta a la cárcel a los ex funcionarios de Educación, Desarrollo Económico y Turismo, Salud, secretaría de Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (Ángel Solís Carballo, David Gustavo Rodríguez Rosario, Rommel Cerna Leeder, Pedro Jiménez León), y a todos aquellos ex colaboradores que saquearon -sin ningún pudor- el erario, incluidos, al gobernador Arturo Núñez Jiménez y su esposa Martha Lilia López Aguilera.
Resultaría verdaderamente patético y vergonzoso, que ninguno de ellos fuese condenado debido a que la fiscalía no integró bien los expedientes, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones.
A estas alturas del partido, se supone que el gobierno de Adán Augusto López Hernández y el jefe del OSFE, Alejandro Álvarez González, ya presentaron las demandas correspondientes ante la fiscalía, para que esta institución de la Procuración de la Justicia proceda de acuerdo al Estado de Derecho.
El mandatario no se ha cansado de repetir, que encontró unas finanzas quebradas, tronadas. En la misma frecuencia se han pronunciado los integrantes del gabinete y los responsables de otras áreas.
A la que han culpado de ser uno de los sustanciales factores de la exponencial inseguridad pública, como también del diametral desempleo y de la pésima atención en el sector salud.
Literalmente, de todo.
Que, si bien es cierto, algo hay de verdad en ello, no todo es culpa del pasado.
Las deficiencias e ineficiencias e incompetencias de esta administración también han sido puntuales y manifiestas.
El caso es que el Fiscal Jaime Humberto Lastra Bastar tiene no una, ni dos ni tres papas calientes en sus manos, tiene un montón de ellas, que amenazan seriamente con quemarles las palmas y los dedos de las dos manos.
La misma suerte deben de correr los ex alcaldes y ex subalternos que dejaron a sus municipios en bancarrota.
Y don Enrique Priego Oropeza, el mero mero del Tribunal Superior de Justicia (TDSJ), también está obligado por ley a actuar apegado a Derecho.
Nada de que “política mata a Derecho”.
Después de todo, uno y otro, pero sobre todo el gobernador Adán Augusto López Hernández van a ser los responsables directos en caso de que salgan libres, como muchos están apostando.
Si esto último ocurre, el precio a pagar será muy alto.
Apuesto, a que sí, van a ser juzgados y condenados.
Es mucho lo que está en juego, y no creo que estén dispuesto a perderlo.
“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”
(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)
Hasta ahora las comparecencias han dejado muchísimo que desear.
Los diputados en su mayoría han asumido una posición “light” ante los secretarios que han pasado por la máxima tribuna popular.
No sé si por falta de conocimientos o porque ya escuchan las campanitas navideñas.
El meollo del asunto, es que no han estado a la altura de las expectativas políticas y sociales cuando hay tela de donde cortar.
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