/ lunes 14 de octubre de 2019

Tabasco político | La inseguridad pública, nos está carcomiendo

Si las funestas consecuencias de la fallida y costosa -humana y económicamente- guerra contra el narcotráfico que comenzó el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa fue una de las causas sustanciales de que el PRI regresará a gobernar en el 2012. Y si la mega corrupción del sexenio peñista ayudó enormemente en julio de 2018 al triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador, la inseguridad pública que se vive en la mayoría del país puede evitar que Morena vuelva a ganar no solo la presidencia, sino el Congreso de la Unión y las gubernaturas.

Sin omitir, claro está, los grandes errores que han agravado la situación económica que padecemos en la actualidad, y que se reflejan en la falta de inversión pública y privada, y por obvias y sobradas razones, en el imparable desempleo y en las deficiencias e ineficacias en salud, educación…

Regresando al tema central de la presente entrega, déjenme decirles, que no sé a ciencia cierta, cuál sea la gravedad del grueso de las entidades en materia de seguridad pública, de lo que sí estoy enterado, es que viven con miedo, con zozobra, con terror, con el amén en la boca y encomendándose a todas las divinidades, tal y como cotidianamente nosotros lo hacemos, a todo lo largo y ancho del territorio tabasqueño.

En Tabasco, la delincuencia organizada o no, ha rebasado y por mucho a las autoridades locales, me refiero a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la secretaría de la Seguridad Pública, que encabezan Jaime Lastra Bastar y Ángel Mario Balcázar Martínez, respectivamente.

Literalmente, no han podido combatirla.

No es una exclusividad de este gobierno, pues en el anterior sexenio ocurrió igual, al grado tal, que por la entonces secretaría de Seguridad Pública desfilaron tres militares de alto rango y un civil (Audomaro Martínez Zapata, Sergio Ricardo Martínez Luis, Miguel Ángel Matamoros y Jorge Alberto Aguirre Carbajal) y, ninguno de ellos, pudo con el paquete, aunque ahora, se vive con más incertidumbre que antes.

La ola de asesinatos dolosos no para. Desde el 15 de Septiembre a la fecha, las ejecuciones se han convertido en el pan de cada día. Lo que ha propiciado a que la gente esté prácticamente encarcelada en sus propios domicilios y, más por las noches.

La imparable inseguridad pública es el problema capital que enfrenta el gobierno de Adán Augusto López Hernández, y que ha catapultado la exponencial animadversión en su contra.

Más los que tiene en los rubros de la salud, desempleo y financieros, pueden ocasionarle en el 2021, la pérdida del control del Congreso y de las alcaldías y demás regidurías que van a disputarse ese año, junto con las curules federales.

La inseguridad pública es como un cáncer que paulatinamente nos viene carcomiendo por dentro, y para el que, en el corto y mediano plazo, no existe un tratamiento eficaz para combatirlo, para extírpalo desde raíz.

Y menos, cuando se asegura, que se ha regado -metástasis- por todo el cuerpo de las instituciones encargadas de protegernos.

Así qué lo mejor, es que sigamos orando y rezando con muchísima fe, ya que seguiremos desamparados.

No nos queda de otra, seguimos en la total indefensión.

Y quién sabe por cuánto tiempo.

“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”

(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)

El 10 de noviembre del presente año, los diputados de la oposición tendrán una magnífica oportunidad de cuestionar con argumentos serios las políticas públicas del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien, tras entregar su primer Informe de Labores a los 35 parlamentarios que integran la LXIII Legislatura, se quedará a responder cada uno de las interrogantes.

Como dice el refrán, ahí “vamos a ver de qué cuero salen más correas”. Y quienes tienen las agallas de plantear preguntas incómodas y no a modo, como con toda seguridad va hacerlo los de Morena y algunos del PRD.


Si las funestas consecuencias de la fallida y costosa -humana y económicamente- guerra contra el narcotráfico que comenzó el ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa fue una de las causas sustanciales de que el PRI regresará a gobernar en el 2012. Y si la mega corrupción del sexenio peñista ayudó enormemente en julio de 2018 al triunfo arrollador de Andrés Manuel López Obrador, la inseguridad pública que se vive en la mayoría del país puede evitar que Morena vuelva a ganar no solo la presidencia, sino el Congreso de la Unión y las gubernaturas.

Sin omitir, claro está, los grandes errores que han agravado la situación económica que padecemos en la actualidad, y que se reflejan en la falta de inversión pública y privada, y por obvias y sobradas razones, en el imparable desempleo y en las deficiencias e ineficacias en salud, educación…

Regresando al tema central de la presente entrega, déjenme decirles, que no sé a ciencia cierta, cuál sea la gravedad del grueso de las entidades en materia de seguridad pública, de lo que sí estoy enterado, es que viven con miedo, con zozobra, con terror, con el amén en la boca y encomendándose a todas las divinidades, tal y como cotidianamente nosotros lo hacemos, a todo lo largo y ancho del territorio tabasqueño.

En Tabasco, la delincuencia organizada o no, ha rebasado y por mucho a las autoridades locales, me refiero a la Fiscalía General del Estado (FGE) y la secretaría de la Seguridad Pública, que encabezan Jaime Lastra Bastar y Ángel Mario Balcázar Martínez, respectivamente.

Literalmente, no han podido combatirla.

No es una exclusividad de este gobierno, pues en el anterior sexenio ocurrió igual, al grado tal, que por la entonces secretaría de Seguridad Pública desfilaron tres militares de alto rango y un civil (Audomaro Martínez Zapata, Sergio Ricardo Martínez Luis, Miguel Ángel Matamoros y Jorge Alberto Aguirre Carbajal) y, ninguno de ellos, pudo con el paquete, aunque ahora, se vive con más incertidumbre que antes.

La ola de asesinatos dolosos no para. Desde el 15 de Septiembre a la fecha, las ejecuciones se han convertido en el pan de cada día. Lo que ha propiciado a que la gente esté prácticamente encarcelada en sus propios domicilios y, más por las noches.

La imparable inseguridad pública es el problema capital que enfrenta el gobierno de Adán Augusto López Hernández, y que ha catapultado la exponencial animadversión en su contra.

Más los que tiene en los rubros de la salud, desempleo y financieros, pueden ocasionarle en el 2021, la pérdida del control del Congreso y de las alcaldías y demás regidurías que van a disputarse ese año, junto con las curules federales.

La inseguridad pública es como un cáncer que paulatinamente nos viene carcomiendo por dentro, y para el que, en el corto y mediano plazo, no existe un tratamiento eficaz para combatirlo, para extírpalo desde raíz.

Y menos, cuando se asegura, que se ha regado -metástasis- por todo el cuerpo de las instituciones encargadas de protegernos.

Así qué lo mejor, es que sigamos orando y rezando con muchísima fe, ya que seguiremos desamparados.

No nos queda de otra, seguimos en la total indefensión.

Y quién sabe por cuánto tiempo.

“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”

(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)

El 10 de noviembre del presente año, los diputados de la oposición tendrán una magnífica oportunidad de cuestionar con argumentos serios las políticas públicas del gobernador Adán Augusto López Hernández, quien, tras entregar su primer Informe de Labores a los 35 parlamentarios que integran la LXIII Legislatura, se quedará a responder cada uno de las interrogantes.

Como dice el refrán, ahí “vamos a ver de qué cuero salen más correas”. Y quienes tienen las agallas de plantear preguntas incómodas y no a modo, como con toda seguridad va hacerlo los de Morena y algunos del PRD.