El que el desaparecido director General del Tecnológico La Venta, Carlos Garrido Gular, no haya informado al gobierno de las presiones y amenazas de que había sido víctima por parte de los grupos del crimen organizado, que, desde hace años tiene asolado a este instituto educativo o, mejor dicho, a la región de La Chontalpa, no exime a las autoridades de ninguna culpa.
En este reprobable y lamentable suceso volvió a quedar demostrado que quienes están encargados de recolectar y clasificar de acuerdo a su importancia toda la información política que se recoge, a todo lo largo y ancho del territorio tabasqueño, subestimaron la organización, capacidad y fuerza de respuesta de quienes cobardemente asesinaron al ex subsecretario de Gobierno en el mandato de Andrés Rafael Granier Melo.
Más aún, sabiendo de antemano la historia que vivió el anterior titular del Tecnológico La Venta, Pedro Green Canepa.
Cerrarlo, como sugiere Adán Augusto López Hernández, sería un gravísimo error político de grandes magnitudes, pues es como si oficialmente le estuviera entregando la plaza de La Venta.
En el crimen artero de Carlos Garrido Gular, como en todos los demás que se han cometido en los últimos años, el Estado no ha cumplido con sus responsabilidades constitucionales, que es el de velar por patrimonio y la seguridad de sus gobernados.
Como tampoco lo ha hecho en otras tareas que le competen.
La seguridad pública continúa en el limbo.
Los secuestros, las ejecuciones, el derecho de piso, los robos y asaltos se han convertido en el pan de todos los días.
Prueba de ello, es que la gente vive con miedo, aterrorizada, encerrados a piedra y lodo en sus casas. Rogándole a Dios que los salve de no caer en manos de la delincuencia organizada o no, ya que, quienes deberían de protegerlos siguen fallando rotundamente.
Militares y civiles han pasado, y ninguno ha dado los resultados esperados.
Y todo parece indicar que Hernán Bermúdez Requena no va a ser la excepción, ya que está corriendo la misma suerte de sus antecesores.
El crimen organizado se ha visto estratégica y tácticamente superior no solo a la corporación policiaca, sino también a la fiscalía General.
Las causas que incide en ello son multifactoriales, y nos queda perfectamente clarísimo, que los problemones de la inseguridad pública no se van a resolver de la noche a la mañana, y menos, con policías y ministeriales corruptos.
Por más que quieran quitarse el bulto, el gobierno es corresponsable de los escenarios escalofriantes y dantescos que produce el crimen organizado, y del que nadie, por cierto, está a salvo.
Dentro y fuera del gobierno se preguntan: ¿quién sigue?
“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”
(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)
La presidente de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, dejó muchísimo que desear anteayer, durante el programa “A Fondo” del conocido locutor “Chuy” Sibilla Oropeza.
De los invitados fue la que se notó más desinformada, incluso más que su par Juan Manuel Fócil Pérez.
Por lo que debe aprovechar sus tiempos libres, para empaparse más del pasado y presente del acontecer político y social de Tabasco.
Y más, si pretende ser alcaldesa de Centro.
En cambio, la priista Lorena Beaurregard de los Santos lució, aunque el polémico ex priista y panista Juan José Rodríguez Prats, se llevó orejas y rabo.
Se escuchó muy superior.
Dominó de principio a fin.
Resultó mucha pieza.
Los homólogos del repudiado y corrupto de Agustín Silva Vidal, debe comprender que el ex titular de la desaparecida secretaría de Comunicaciones y Transportes, fue impuesto por el sátrapa de Arturo Núñez Jiménez en la fracción parlamentaria perredista para ser lacayo de la presente administración.
Esa es su función principal.
Así qué no esperen más.
Tiene una cola muy larga.
