La izquierda amalgamada en el PRD a partir de 1989 hizo de la manifestación pública su principal arma para hacerse ver, escuchar y negociar con el poder.
Hubo de todo, principalmente en Tabasco. Cierre de pozos petroleros, marchas, toma de edificios públicos, plantones interminables, tanto en Plaza de Armas como en el Zócalo de la Ciudad de México tras los famosos éxodos por la democracia. Hasta matanza de animales en plazas públicas.
Luego vinieron los cortes de energía eléctrica por la resistencia civil, impidiéndose a las brigadas ingresar a comunidades enteras. Tales prácticas transmutaron de un conglomerado partidista o de simpatizantes de la izquierda, hacia la población abierta.
Ante la acumulación de desatenciones por parte de la autoridad, organizaciones sindicales o ciudadanos bajo argumentos de agravios, comenzaron a cerrar caminos, calles, avenidas, escuelas, mientras surgieron pseudosindicatos que hacían y deshacían en los accesos a instalaciones petroleras.
El desorden creció bajo el manto del temor a la aplicación de la fuerza pública por parte del Estado, único con esa facultad, pero acotado por el riesgo de violentar derechos humanos durante una acción de represión.
En estos tiempos de construcción de un nuevo régimen -encabezado por quienes germinaron la semilla de las manifestaciones, pacíficas en su mayoría eso sí, pero obstructivas con daños a terceros, tanto ciudadanos impedidos de transitar libremente como de empresas para laborar e invertir-, poner orden de nuevo implica no solo una medida legal para penalizar con cárcel ese tipo de prácticas.
En el contexto de la iniciativa presidencial para convertir a Tabasco y a la región sureste en un polo de desarrollo –con una refinería en Dos Bocas, con mayor actividad extractiva y parte del Tren Maya- se requiere un estado que muestre garantías de tranquilidad.
Pero la disuasión legal con penas severas, pase o no la aprobación en el Congreso del Estado, aunque la mayoría morenista puede imponerla, debe ir acompañada de la atención oportuna y solución eficaz de los problemas.
La falta de pagos a maestros o a burócratas; la carencia de atención médica o de entrega de medicinas; la solución a reclamos de padres en las escuelas; todo debe atenderse de manera rápida y dar respuestas a la población para evitar la tentación de bloqueos, así como la disposición de los ciudadanos por ser razonables en las negociaciones.
Dice el secretario de Gobierno, Marcos Rosendo Medina, que la propuesta legal de aplicar entre seis y 20 años a los que bloqueen caminos o instalaciones no es para prohibir las marchas o las manifestaciones, sino básicamente contra los extorsionadores.
“Hay quienes presuntamente amparándose en la lucha social, extorsionan a las empresas y particulares, entonces ponen sus lías (y dicen) que no pueden pasar si no los contratan, no puede pasar tu vehículo si no cobro tanto de dinero y no puedes hacer esta obra si no me das 10 o 20 empleos, aunque no lo hayan ganado legalmente, y a ese régimen de extorsión y terror tienen sometido a las empresas que quieren invertir en Tabasco”, argumenta el funcionario.
Falta revisar a fondo la iniciativa legal, porque salir a las calles o a una plaza pública a manifestarse libremente no debe ser objeto de impedimento, como tampoco que bajo el amparo de una ley, los gobernantes se escuden para incumplir con sus responsabilidades.
Por ello, sería oportuno que en la misma ley se pueda ejercer una sanción a los funcionarios que muestren indolencia en resolver algún reclamo justo.
