Más allá del grado de responsabilidad en las culpas que se reparten las fiscalías, la federal y la estatal en Veracruz, por la masacre en Coatzacoalcos, resalta la importancia que para las tareas de combate a la inseguridad reviste la fluida coordinación entre instancias de seguridad para elevar la efectividad contra la delincuencia.
Intercambiar información de bases de datos que posee cada dependencia en la integración oportuna de los expedientes, la confianza en la colaboración para los operativos entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles –por lo general es mayor entre grupos de élite federales y estatales- y evitar filtración de datos, resulta vital.
Tabasco se sumió a partir de 2006 en una ola de violencia incontenible, como en gran parte del país. Se agudizó el sexenio anterior al grado de colocar al estado, y a Villahermosa en particular, con los más altos índices delictivos y en la percepción de inseguridad captada por sus ciudadanos. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que publica el Inegi puso a Villahermosa en junio pasado como la cuarta ciudad en el país, de entre 70 medidas, con mayor percepción de inseguridad entre la población con 92.4 por ciento, detrás de Ecatepec, Coatzacoalcos y Naucalpan.
Con todo, estar en cuarto sitio ya es avance, cuando en junio de 2016 se situó a Villahermosa en primer lugar en esa medición con 95 por ciento.
El sexenio de Arturo Núñez fue a todas luces desastroso en cuanto a resultados en seguridad -en la mayoría de los sectores esa fue la tendencia, pero marcadamente en este- y pudo ser factor los desacuerdos existentes entre los responsables del área.
Los diferendos, de acuerdo a ex funcionarios que lo vivieron, llevaron a la falta de comunicación y hasta roces fuertes, entre el titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Valenzuela, con el secretario (en ese entonces y ratificado hasta el pasado 6 de junio) de Seguridad Pública, Jorge Aguirre.
Curiosamente Aguirre fue traído a Tabasco por recomendación de Valenzuela, pero una vez que entabló contacto con el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario (también enfrentado con Valenzuela), que en el esquema nuñista llevaba los hilos de la seguridad (hasta se hizo cargo de la compra del dron de 12 millones de pesos), dio por concluida esa buena relación.
Ahora, ya fuera Jorge Aguirre del gobierno estatal, se percibe la existencia de una fluida coordinación entre la Secretaría de Gobierno, más enfocada a la política interna que a la seguridad, a cargo de Marcos Rosendo Medina, con el nuevo titular de Seguridad Pública, Ángel Mario Bálcazar, y el fiscal, Jaime Lastra, estos últimos compañeros de gabinete en el quinquenio de Manuel Andrade.
Incluso, se puede trasladar esa coordinación de Bálcazar y Lastra hasta el Poder Judicial con Enrique Priego Oropeza (exgobernador), forjados en grupos políticos afines, los tres notarios con licencia.
Las patadas bajo la mesa en un gobierno, sobre todo en el tema de seguridad, como se vio en el nuñismo, dan al traste en la eficiencia de los resultados y las condiciones heredadas son muestra palpable.
