Hay claros indicios de que el gobierno de Adán Augusto López Hernández decidió aplicarle todo el peso de la ley a su ex par Arturo Núñez Jiménez y a todos los ex funcionarios que quebraron la hacienda pública estatal.
La demanda del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) en contra del ex mandatario y el que desde hace días estén vigilando de cerca todos sus movimientos y el de su cónyuge, Martha Lilia López Aguilera, para que no huyan del país, como lo hicieron localmente en el mes de diciembre, revela que los resultados de las auditorías externas e internas superaron todas las expectativas que se tenían del boquete financiero.
Si el ex subsecretario de Gobernación salinista y zedillista pensaba que iba a salirse con la suya, como Enrique Peña Nieto y compañía que saquearon descomunalmente, sin pudor alguno, a la nación, ahora sí, tiene motivos de sobras para estar preocupado.
Políticamente hubiera sido muy desgastante para el titular del Poder Ejecutivo y para su partido exonerar al peor gobernador que ha tenido Tabasco. Y un malísimo ejemplo, para quienes ahora lo acompañan en su álgida administración.
El propio Andrés Manuel López Obrador va a tener que dar marcha atrás y apoyar a Adán Augusto en su decisión de meter a la cárcel a todos los que se sirvieron con la cuchara grande del presupuesto.
Y es que estos depredadores presupuestales exageraron, no se midieron, se pasaron de vivos. Literalmente, acabaron con la quinta y los mangos, como dice el dicho.
No se podían ir lisos, hubiera sido una imperdonable y gigante injusticia. El daño que le hicieron a la entidad fue terrible, devastador. Sin parangón alguno, al grado tal, que todavía no se conoce el alcance total de las repercusiones económicas y sociales que va a tener a largo plazo.
En el corto plazo, ya se han dejado sentir sus graves consecuencias.
El creciente desempleo y la incontrolable inseguridad pública y los pésimos servicios públicos en salud y en el transporte público, son en parte culpa del irresponsable e incompetente gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Que, desde luego, no son los únicos, pero sí, los que más afectan a la población.
El caso es que el ex gobernador y su esposa y demás compinches, tendrán que responder ante las autoridades por el grotesco y olímpico latrocino que cometieron a cielo abierto.
Del que no deben de quedar impunes.
“SQUOD SCRIPSI, SCRIPSI”
(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)
Las dirigentes de la CNC y del ONMPRI, Minerva Santos García y Katia Ornelas Gil, respectivamente, están metidas en un tremendo berenjenal del que no van a salir tan fácil.
Es el mismo caso del líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Gerald Washington Herrera, pues de acuerdo a su correligionario Miguel Gerónimo Cerino cayeron en desacato al ir a Campeche a respaldar las aspiraciones nacionales del todavía gobernador Moreno Cárdenas.
En un documento entregado el pasado 22 de mayo en la sede del PRI estatal, concretamente, en las oficinas de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria que dirige Fernando Morales Mateos, da pelos y señales de las violaciones que cometieron al conculcar el comunicado que enviaron Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora Jiménez en el que exhortaron “…quienes tenemos encargos de dirigentes hoy debemos asumir también la responsabilidad de propiciar las condiciones óptimas para la preparación y desarrollo del proceso interno de renovación de la dirigencia nacional…” “…es preciso que no se realicen pronunciamientos o se asuman posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del Partido, tanto en el ámbito del Comité Ejecutivo Nacional y la diversa estructura territorial de dirigencia, como en el ámbito directivo de los Sectores y Organizaciones…”.
El meollo del asunto es que queden relevados de sus actuales encomiendas.
Ahora sí, que los agarraron con las manos en la masa.
Aunque en el PRI, los Estatutos y Documentos casi siempre han sido letra muerta.
A ver qué pasa ahora.
