A nivel Tabasco, entre los resultados que dejó el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, la resistencia civil que se creía concluida tras el convenio llamado “Adiós a tu deuda”, comienza a cobrar vida por la queja de los anteriores deudores frente a nuevos cobros de consumo en exceso elevados, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La solución definitiva al conflicto, tantas veces buscada en sexenios anteriores para desarticular lo que era un filón electoral, se vislumbró con la llegada al poder máximo de la nación de quien en su momento inició ese movimiento. De ahí la construcción y ejecución de un nuevo acuerdo.
El convenio tal como fue dado a conocer pareció el mejor de los tratos entre la CFE, el gobierno del estado y sobre todo para los ciudadanos: Borrar la deuda, tarifa baja y mejor servicio de infraestructura eléctrica.
Pero en los hechos, se denuncian cobros elevados pese a la nueva tarifa. Hay quienes se quejan de un incremento entre el 200 y 300 por ciento en el último recibo respecto al primero que les llegó tras la firma del contrato, sobre todo por la aplicación de la llamada tarifa de invierno.
No es menor que el 20 por ciento de los que ya habían acudido a regularizarse volvieran a dejar de pagar. Son unos 34 mil usuarios que podrían catalogarse como parte de una nueva resistencia civil. Más los que puedan sumarse porque ni siquiera la mitad de los deudores históricos, calculados en medio millón, ha acudido a firmar sus nuevos contratos en los primeros seis meses de plazo, que venció el 28 de noviembre.
El titular de Energía del estado, José Antonio de la Vega, artífice del contenido del convenio con la CFE por parte del estado, tal como en su momento lo presumió el propio gobernador Adán Augusto López Hernández durante una gira por el municipio de Centro hace varias semanas, ha dicho que muchos deudores esperan el pago de sus aguinaldos para acudir a regularizarse.
Otros atribuyen que tales deudores conversos a usuarios cumplidos en realidad hicieron de la costumbre del no pago -idea que les machacaron por lustros y hasta se la auspiciaron mediante reconexiones y dotación de transformadores, amparos políticos, amenazas a trabajadores de la CFE- una ley propia, por lo cual meterlos al redil costará más.
A estas alturas se observa complicada una renegociación del convenio. La amenaza de embargar bienes a los deudores que dejaron de pagar tras la firma del contrato puede ser un camino de persuasión, habida cuenta que incumplir el convenio significa reactivar la deuda histórica personal.
Los deudores que por años estuvieron en resistencia civil están curtidos en esos menesteres y consideran que no habrá repercusiones mayores, aunque ahora quienes están en el poder son quienes les desplegaban brigadas y vehículos ex profeso para protegerlos de los cortes y asesorarlos en acciones legales contra los cobros.
La inconformidad in crescendo ni siquiera requiere un empujón por parte de partidos políticos de oposición, pues al ser un asunto que toca directamente los bolsillos de los ciudadanos, sólo requiere en todo caso encausar la molestia y abanderar una queja que rindió en el pasado buenos dividendos electorales a sus promotores.
Veremos hasta dónde desembocará el disgusto de miles de usuarios, que conlleva el potencial de contaminar el ánimo de quienes aún no acuden, y son la mayoría, a los módulos de la CFE, en el entendido de la autorización a una prórroga de 180 días más.
