La tragedia que viven los deudos de fallecidos por la aplicación de un medicamento contaminado en el hospital Regional de Pemex, sumada a la que padecen pacientes con secuelas -seis de ellos serán enviados a la Ciudad de México- así como sus familiares, será una prueba para la presente administración tanto de la empresa como del gobierno federal en cuanto a no dar paso a la impunidad.
Con el único hecho de la afectación por contaminación basta para una investigación profunda para conocer bajo qué parámetros se hizo la adquisición del producto, a quién se le compró, cuándo se adquirió, las condiciones de almacenaje, y de ahí hacia atrás hasta llegar al fabricante.
El asunto se agravó con la muerte de dos personas, lo cual configura un panorama más delicado a un asunto que extrapoló en medios de comunicación nacional e internacional, en momentos en que el mundo vive amenazas sanitarias.
Alguien tendrá que pagar por lo ocurrido. Justicia demandan los familiares de los afectados. Por lo pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una queja de oficio para indagar presuntas violaciones a los derechos humanos y aseguró que agotará todos los recursos para proceder dentro de sus facultades a emitir lo que proceda conforme a derecho.
Hasta el momento el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, no ha fijado una postura al respecto y la empresa a su cargo ha reportado a través de comunicados lo que acontece con los 52 pacientes que requieren hemodiálisis y siguen bajo tratamiento médico.
Quien abundó sobre el tema fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que ya se inició una investigación sobre el tema, seguramente en referencia a lo dicho por Pemex acerca de la apertura de una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado contra quien o quienes resulten responsables.
El mandatario federal descartó, aunque aún no hay una determinación final al respecto, que las muertes hayan sido por la aplicación de “medicinas piratas”, pues en su gobierno ya se acabó lo que hacían gobiernos anteriores que le ponían “agua a los medicamentos”, en referencia a los casos de tratamientos a niños con cáncer en hospitales de Veracruz bajo el gobierno de Javier Duarte.
En lo que sí fue enfático el presidente fue en que habrá castigo para los responsables, tanto para quienes adquirieron el producto como para los que lo vendieron.
Sin duda otra prioridad será reforzar los controles de las compras para evitar la repetición de este tipo de casos, sobre todo ante el reciente decreto presidencial para permitir la compra de medicamentos del extranjero sin que cuenten con registro ni control sanitario internacional, bajo el argumento de desabasto de productos en México.
Los mecanismos para castigar la corrupción y la impunidad ante el drama ciudadano focalizado hoy en el hospital de Pemex en Villahermosa pone a prueba la bandera principal ofertada por el régimen de la llamada Cuarta Transformación.
HOJAS SUELTAS…
El PRD sigue en su afán de reactivar la resistencia civil mediante la entrega de “amparos” que su dirigente Darvin González reconoce sin validez jurídica. Llevan ya, dice, 60 mil entregados. Por el contrario, el dirigente del PRI, Dagoberto Lara, ha rechazado que su partido abandere la dinámica del no pago porque es mejor buscar una tarifa justa con menor costo en periodo de invierno.+++El Partido Verde se desgaja. Ahora se les fue el diputado Carlos Mario Ramos. La franquicia verde al punto de la extinción.
