A tal grado de incertidumbre se ha llegado que hasta motivo de festejo causa entre la clase trabajadora del gobierno el compromiso hecho por el gobernador, Adán Augusto López Hernández, de que les serán pagadas sus prestaciones y salarios antes del próximo 10 de diciembre.
Lo señaló en una reunión con maestros, a quienes dio la ‘buena nueva’. Basta recordar las protestas del año pasado y en otras etapas en otros sectores, como la UJAT, para que ahora sea tomado como un logro esa obligación laboral.
A la burocracia y demás personal que cobra a partir del erario les fue muy bien, en cuanto a no tener ni por asomo la duda de cobrar a tiempo sus quincenas, hasta el final del sexenio de Andrés Granier. En diciembre de 2012 comenzaron los atisbos de incumplimiento, si bien no en la dimensión posterior, sí en algunos segmentos.
A partir de allí comenzó a desdibujarse la confianza que siempre habían tenido los servidores públicos, a veces estirándose al máximo las fechas legales por parte de Finanzas, hasta que llegó Arturo Núñez y diciembre de 2018, el peor en cuanto a la zozobra, falta de pago y la multiplicación de bloqueos.
Se desconoce si el compromiso de Adán López abarcará a las universidades, las cuales enfrentan escenarios inciertos hacia final del año.
Buscará pues el gobierno de Adán López cerrar bien el primer año de administración con sus trabajadores, al menos para paliar la molestia generada entre los de abajo al saber que mientras a ellos les han quitado el pago de bonos (en el ISSET a las enfermeras les quitaron el bono de riesgo de trabajo en su tercer periodo vacacional, por ejemplo), a los altos funcionarios les dan un bono hasta por 80 mil pesos, más el salario.
De ahí la crítica opositora ante la pregonada austeridad, pues en percepciones personales, casi todos los secretarios estatales ganan poquito menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador.
HOJAS SUELTAS…
La friolera de unos 500 millones de pesos será el costo de construcción y adecuación en alrededores del mercado “José María Pino Suárez”. 350 millones de construcción y el resto lo aplica el municipio. Ojalá sea de verdad funcional, seguro y los consumidores acudan, para que valga la pena una inversión pública de esa magnitud.+++Precisión: Fue la diputada priista, Ingrid Rosas, quien pidió en tribuna que el Congreso lanzara un exhorto al gobierno para tomar medidas que frenen el trasiego ilegal de reses por la frontera sur, no su compañera Katia Ornelas, como aquí se apuntó en la pasada entrega.+++Haber llevado al presidente López Obrador a respaldar una decisión en la que no había más salida que la capitulación en Culiacán no es algo que deba quedar como punto final de un desastroso operativo. El costo ha sido muy alto para el Estado y sus instituciones de seguridad, tanto civiles como militares. ¿Habrá renuncias? Es pregunta.
