El engranaje institucional tendrá que acelerar el paso en relación a dar protección efectiva, entendiéndose medidas preventivas, de reacción inmediata y sin impunidad a cualquier acto en contra de las mujeres por razones de género.
Hay muchas particularidades tras los casos conocidos y que son lamentablemente cotidianos en cualquier punto del país. En general, la exigencia es hacia el Estado mexicano y en particular a los gobiernos a no ser indiferentes frente a las vejaciones y agresiones contra las mujeres y la falta de una política más eficiente que coadyuve a frenar los abusos que suelen llegar a los feminicidios.
El movimiento del 9 de marzo es de protesta contra esa carencia. De políticas más efectivas como protección a la infancia, servicios de cuidado y políticas laborales con enfoque de género para eliminar la desigualdad, combate efectivo a la impunidad y celeridad a los casos de violencia feminicida, así como algo vital, evitar la revictimización tanto de la afectada como de sus familias. Esas son las principales demandas expresadas por organizaciones de mujeres.
Ejemplos de agresiones recientes hay muchos. La saxofonista en Oaxaca a quien arrojaron ácido en el rostro al parecer por la venganza de un ex diputado; el asesinato y tortura de la niña Fátima; la ejecución de Abril Pérez en Ciudad de México, cuyo ex esposo es el principal sospechoso.
De Ana María “N”, atacada con cuchillo por su ex pareja en un Centro de Justicia de Villahermosa y sobrevive con graves secuelas; del ataque reciente de la estudiante de medicina de la UJAT que movilizó a cientos de jóvenes y la posterior captura del sospechoso, por poner algunos ejemplos.
Miles de mujeres viven en un círculo de violencia familiar que, de acuerdo a las autoridades, les resulta difícil abandonar por la falta de mejores herramientas legales y oportunidades laborales para sentirse protegidas y empoderadas por el Estado.
Ante los casos recientes en Tabasco, hubo reacción. Se anunció la colocación de arcos detectores de metal y revisiones en los juzgados para evitar otro caso como el de Ana María y, en el caso de la estudiante, aunque no ocurrió dentro de las instalaciones de la UJAT, el rector, Guillermo Narváez Osorio, respaldó la protesta y convocó a la representación estudiantil, incluido el combativo Colectivo de Mujeres, ninguneado por el anterior rector, a abordar el tema de cómo mejorar las condiciones de seguridad no solo al interior sino en las cercanías de los campus.
De acuerdo con información proporcionada por el Frente Crítico Estudiantil, acordaron que a partir de este lunes 9 de marzo habrá mayor vigilancia a las afueras de las divisiones académicas tras un acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Además se diseñará un App con botón de pánico. En específico en la zona de la División de Salud, el rector solicitará la instalación de cámaras de vigilancia en el fraccionamiento Palmitas, donde ocurrió el jueves pasado la agresión e intento de violación de una estudiante.
Punto relevante fue el acuerdo con el Colectivo de Mujeres para dar seguimiento a las carpetas de investigación derivadas de las denuncias por hostigamiento sexual interpuestas ante la Fiscalía, así como trabajar en un protocolo contra la violencia de género dentro de la universidad y campañas de denuncia contra el acoso.
Como parte del combate a la inseguridad en general, también será importante la construcción de un nuevo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en Villahermosa, además de dos centros regionales tipo C4, que permitirán estar interconectados en toda la entidad, de acuerdo al anuncio hecho por el gobernador, Adán Augusto López Hernández.
El paro de mujeres tiene que convertirse en un punto de quiebre institucional y no solo en una fecha anecdótica más de protestas.
