/ martes 6 de agosto de 2019

Gato encerrado atrás de las críticas a la Reforma Penal

Todo indica que hay fuertes intereses atrás de las ácidas críticas en contra de la reciente reforma al Código Penal, misma que endurece el castigo a extorsionadores y mercenarios que escudados en seudo-membretes sindicales hacen de las suyas con proveedores, constructores y prestadores de servicios, principalmente a quienes sirven a PEMEX o a quienes trabajan para dicha Empresa Productiva del Estado.

Desde luego, en los hechos también participan algunos supuestos líderes naturales, formales, y/o comunitarios. Empero también lo hacen organizaciones, Federaciones, y, sectores de algunos partidos políticos.

La “técnica” es muy simple: un hilo y un grupo pequeño de mujeres, niños y ancianos cierran un camino para evitar el paso a quienes deben ejecutar alguna obra pública o un mantenimiento a infraestructura petrolera, principalmente.

Desde luego, nada que un “líder” no pueda resolver escudado en un hipotético cargo comunitario o baja el resguardo de un membrete o de una credencial, comúnmente compradas a alguna organización estatal o nacional; muchas de las veces, “patitos”.

Viene la negociación, una iguala por dejar entrar y salir, una compensación individual para el “negociador”, así como empleos para un determinado número de parientes y/o amigos, aunque no tengan las destrezas, aptitudes y habilidades para el trabajo.

Toda vez que los contratos normalmente van contra el tiempo estipulado, a los extorsionados no les queda más remedio que aceptar so pena de recibir penalizaciones o cancelaciones por el involuntario retraso.

En el pasado, poco sirvieron las quejas y denuncias, formales e informales, ante la autoridad respectiva, pudo más el temor al repudio social o al alto costo político que significa ante los Medios y los electores, aplicar estrictamente la ley.

Entonces se hicieron fuertes esos “liderazgos” y se sintieron protegidos, aumentando así sus campos de acción. Han sido tan apetitosas las “utilidades” que algunas de dichas organizaciones ya cuentan con la “ayuda y cobijo” de algunas autoridades municipales, claro, mediando un “decoroso” porcentaje.

Es muy conocido el caso de una empresa de plásticos que intentó hace años avecindarse en el municipio de Jalapa. Apenas estaban en la implementación de la infraestructura requerida, cuando prácticamente “le cayeron” y presionaron, cuando menos 3 supuestos sindicatos. Obviamente, hubo de emigrar a otra entidad federativa, perdiéndose inversión para Tabasco y posibles empleos.

La problemática narrada no es desconocida y repudiada por los sectores productivos del Estado, todos ellos vulnerados, por décadas, por dicha situación. Empero, la mal entendida, “sensibilidad política y social” se impuso, dejándoles en estado de indefensión.

Entonces, cuando le fue planteada la problemática a la actual administración estatal, puso manos a la obra y de ahí salió la iniciativa para combatir la ilegal práctica.

Todo indica que hay fuertes intereses atrás de las ácidas críticas en contra de la reciente reforma al Código Penal, misma que endurece el castigo a extorsionadores y mercenarios que escudados en seudo-membretes sindicales hacen de las suyas con proveedores, constructores y prestadores de servicios, principalmente a quienes sirven a PEMEX o a quienes trabajan para dicha Empresa Productiva del Estado.

Desde luego, en los hechos también participan algunos supuestos líderes naturales, formales, y/o comunitarios. Empero también lo hacen organizaciones, Federaciones, y, sectores de algunos partidos políticos.

La “técnica” es muy simple: un hilo y un grupo pequeño de mujeres, niños y ancianos cierran un camino para evitar el paso a quienes deben ejecutar alguna obra pública o un mantenimiento a infraestructura petrolera, principalmente.

Desde luego, nada que un “líder” no pueda resolver escudado en un hipotético cargo comunitario o baja el resguardo de un membrete o de una credencial, comúnmente compradas a alguna organización estatal o nacional; muchas de las veces, “patitos”.

Viene la negociación, una iguala por dejar entrar y salir, una compensación individual para el “negociador”, así como empleos para un determinado número de parientes y/o amigos, aunque no tengan las destrezas, aptitudes y habilidades para el trabajo.

Toda vez que los contratos normalmente van contra el tiempo estipulado, a los extorsionados no les queda más remedio que aceptar so pena de recibir penalizaciones o cancelaciones por el involuntario retraso.

En el pasado, poco sirvieron las quejas y denuncias, formales e informales, ante la autoridad respectiva, pudo más el temor al repudio social o al alto costo político que significa ante los Medios y los electores, aplicar estrictamente la ley.

Entonces se hicieron fuertes esos “liderazgos” y se sintieron protegidos, aumentando así sus campos de acción. Han sido tan apetitosas las “utilidades” que algunas de dichas organizaciones ya cuentan con la “ayuda y cobijo” de algunas autoridades municipales, claro, mediando un “decoroso” porcentaje.

Es muy conocido el caso de una empresa de plásticos que intentó hace años avecindarse en el municipio de Jalapa. Apenas estaban en la implementación de la infraestructura requerida, cuando prácticamente “le cayeron” y presionaron, cuando menos 3 supuestos sindicatos. Obviamente, hubo de emigrar a otra entidad federativa, perdiéndose inversión para Tabasco y posibles empleos.

La problemática narrada no es desconocida y repudiada por los sectores productivos del Estado, todos ellos vulnerados, por décadas, por dicha situación. Empero, la mal entendida, “sensibilidad política y social” se impuso, dejándoles en estado de indefensión.

Entonces, cuando le fue planteada la problemática a la actual administración estatal, puso manos a la obra y de ahí salió la iniciativa para combatir la ilegal práctica.

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