Y se advirtió a tiempo.
En esto, sí le asiste la razón. Las culpas y la responsabilidad de (Felipe) Calderón.
Aunque en la entidad se tiene conocimiento del florecimiento en el consumo de drogas desde la época de los años sesenta, algunos de esa generación ya fallecieron o envejecieron, incluso hasta gobernaron o gobiernan, como parte de una incubación rebelde que recibió una enorme influencia de un fenómeno que se extendió por todo el mundo, sin advertir las múltiples consecuencias que tendría en el corto plazo, al grado que algunos abdicaron de su responsabilidad como gobierno para encontrarle una salida a este complejo problema.
No obstante, lo que ahora se ve, tan solo en Tabasco es por decirlo decentemente, terrible.
Y el fenómeno se está ensanchando por una serie de circunstancias que provocaron en primer lugar, obtenerlas de manera rápida y en segundo lugar por la disposición de recursos para adquirirlas, inclusive desde temprana edad, en plena adolescencia.
El punto de inflexión parece haber llegado con la estrategia aplicada por la administración de Felipe Calderón para bloquear el envío de drogas desde México a Estados Unidos lo que provocó –como lo advirtieron múltiples analistas y expertos en la materia en su momento- una sobreoferta que la dejó en territorio nacional y como “cualquier mercancía” tenía que llegar a las calles, a un precio menor, pero finalmente comercializarla, lo siguiente sería aumentar la demanda de drogas para compensar los costos, el resultado: una gran generación de jóvenes se terminó adicta.
Una década después ya había indicios claros hasta en la comunidad más remota de Tabasco de “tienditas” donde se expenden drogas tan conocidas como la mariguana, piedra, cocaína, pastillas, metanfetaminas y hasta lo inimaginable.
En paralelo, la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 que prometió y cumplió que, los apoyos sociales llegaría a los beneficiarios de manera directa y sin intermediarios, en efectivo, aumentó el flujo de dinero en circulación, de la que pocos, sobre todo los jóvenes, usaron para aumentar su rentabilidad y por el contrario lo gastan en bebidas alcohólicas, cigarros, recargas celulares y desde luego, para comprar drogas.
Lo peor es que ahora, muchos de esos jóvenes –duele reconocerlo- se acostumbraron a recibir el recurso del apoyo federal y una vez que fenece su plazo como becario recurre a otras prácticas y no precisamente laboral formal para satisfacer su adicción.
De manera que, en más de una década, nuevas generaciones se han incorporado al mercado de consumo.
En las consecuencias multifactoriales se derivan otros tantos delitos: prostitución, trata de blancas, distribuidores de drogas, extorsionadores, secuestradores y muchos otros más que aumentaron de manera exponencial a la par del consumo.
¿Qué hacer?
Recurrir a la experiencia comprobada de otros países de Latinoamérica que redujeron con relativo éxito la alta demanda de varias generaciones, como ocurrió en Colombia.
Los tres niveles de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y la propia sociedad civil deben de provocar una gran discusión para empezar la tarea.
No podemos apostarle al desdén y a etiquetar de drogadicta a una generación que tampoco ha tenido alternativas suficientes de esparcimiento, deporte, seguridad entre otros.
Las ejecuciones que han sacudido a la sociedad tabasqueña son en su mayoría jóvenes, lo mismo que los suicidios, riñas escolares en aumento y hasta venta de pastelitos con drogas como se denunció recientemente en un plantel del Cecyte.
Alguien tiene que tomar la iniciativa o el futuro será cada vez más desalentador.
CONTORNO
Infractores y accidentes
Esta semana se conoció de un accidente ocurrido en una carretera federal, en la que una camioneta embistió a un pochimóvil, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, pero sí pérdida total del pequeño vehículo de transporte y lesiones al conductor que tardan en sanar más de 15 días que, por consecuencia, tendrán que ser cubiertas por el presunto responsable.
Hace muchos años, aquí se ha insistido en la gran irresponsabilidad de los conductores de motocicletas que no ocupan su lugar como lo marca el reglamento y constantemente lo infringen, en aquel momento no existían las aplicaciones para servicios de entrega, ahora, en pleno auge de esa opción, los siniestros se han disparado de manera alarmante, donde la peor parte en salud siempre recae en los conductores de motocicletas, pero, la de reparación del daño y gastos de todo tipo en los propietarios de vehículos y camionetas involucrados.
O sea un auténtico conflicto de origen legal, en donde la no aplicación del reglamento, con policías capacitados y suficientes, uso de tecnología con cámaras que registren en tiempo real la responsabilidad de los involucrados, ha provocado actos injustos que casi siempre tienen un indicio claro en la imprudencia.
No regularlo, para quienes se dan a la fuga, dejando a conductores de motos imprudentes también indirectamente cuestan a todos los ciudadanos cuando van a parar a los hospitales públicos que operan con recursos de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.
Es cuestión simple: aplicar la ley. Aunque algunos, se burlen, por esa ocurrencia fatal de “no me vengan a mí con que la ley es la ley”.
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