La austeridad ha sido mal entendida por el Estado mexicano y el proyecto de Ley de Austeridad Republicana aprobado en el Senado y que se perfila a aprobarse en la Cámara de Diputados, parece una legislación a modo y con rasgos de inconstitucionalidad que seguramente será impugnada ante la Corte.
Esta propuesta del presidente de la República, es criticable por la facultad que se le pretende dar, para decidir por decreto el destino de los ahorros del gobierno federal y permitiría que el Ejecutivo cuente con más recursos a su disposición que los que tenían mandatarios en el pasado.
La fracción IV del artículo 74 constitucional hace alusión desde 1977 a las partidas secretas, con lo se reguló una práctica reiterada por virtud de la cual se dispone, al arbitrio del presidente y sus secretarios, parte del presupuesto federal. Este uso discrecional y privilegiado de fondos públicos por el Poder Ejecutivo, es autorizado por los diputados al aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y actualmente, únicamente pueden ser usadas por los secretarios de Estado en programas y proyectos conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aunque la reforma prevé la elaboración de informes del monto de los ahorros obtenidos y el destino que se les dé, el presidente no estaría obligado a rendir cuentas a los legisladores de la reorganización del gasto público que el propio Congreso haya aprobado.
El tema es controversial, debido a las distintas posiciones que hay al respecto. Tenemos dos opciones, apostarle a un rol del Estado que monopolice más el gasto público u optamos por un sistema donde el uso del dinero público sea menos discrecional. Debemos despersonalizarlo, despolitizarlo y lograr institucionalizarlo.
La eficiencia del gasto público es un aspecto esencial del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social e institucional. Esta medida rompe con toda regla internacional de Derecho Fiscal, Hacendario y Contabilidad Gubernamental. De acuerdo con clasificadores de gasto de los gobiernos, las partidas presupuestales tienen que ser etiquetadas y destinarse a la realización de programas, acciones y actividades oficiales de la administración pública, para el cual estén destinados y a fin de que los gobiernos cumplan mejor con las responsabilidades que les competen en el proceso de desarrollo de sus naciones.
En un país como México, la austeridad en los gobiernos es un reclamo social por sentido común, pero recortar gastos indiscriminadamente y canalizar los recursos liberados a proyectos que determine discrecionalmente el presidente mediante decreto, agravaría problemas en el país en materia presupuestaria, pues no elimina gastos discrecionales como parte de la fiscalización del gasto público que debe privar en cualquier democracia.
La administración pública en los tres niveles de gobierno, no está siendo funcional, pues el recorte indiscriminado, sin un estudio profundo previo, está teniendo incidencia negativa directa en la efectividad de las tareas de gobierno. Debemos meditar ampliamente lo que debe significar la austeridad, porque implementar políticas mal pensadas, afectan a los más vulnerables al no ejercer recursos y esos “ahorros” disfrazados son subejercicios.
