Ayer que el mandatario Adán Augusto López Hernández informó que ya se presentaron las primeras denuncias penales en contra de funcionarios de la pasada administración, y que aún se desconoce el monto del quebranto al estado por hechos de posible carácter delictivo, también se refirió al juicio de la historia al manifestar que aspira a que cuando termine su gestión pueda caminar libremente por su tierra.
En una entrevista de radio, el jefe del Ejecutivo abundó sobre la grave situación financiera heredada por el perredista Arturo Núñez Jiménez, pero precisó que no pasará todo su sexenio quejándose por ello.
Su entrevistador le preguntó si fue peor la situación en que entregó al estado hace seis años el priísta Andrés Granier Melo o la forma en que él recibió el gobierno de manos de Arturo Núñez.
López Hernández no quiso comparar ambas circunstancias, pero desde este momento es oportuno precisar que Granier se está viendo como un bebé de pecho delante de Núñez.
No es que a este reportero le asuste que al final de una gestión se descubra que se haya hecho negocios al amparo del poder.
En el caso de Núñez la sorpresa es doble: 1) asumió el Ejecutivo el 31 de diciembre de 2012 con un discurso contra la corrupción de su antecesor y así se mantuvo los seis años; y 2) cuatro décadas y media en el servicio público con cargos de gran relevancia nacional parecían destinarlo a hacer un mejor papel por lo menos que los dos anteriores mandatarios a él (Granier solo había sido director del Agua Potable y alcalde capitalino y Manuel Andrade Díaz nada más había sido diputado plurinominal).
Pero, a juzgar por las declaraciones de las actuales autoridades, en cuanto a corrupción en el sexenio de Núñez se impuso un récord, y también el perredista rompió la marca de encabezar un gobierno que no sabía de administración pública.
“No me voy a pasar seis años en el lamento de que esto estaba hecho pedazos, nosotros debemos estar a la altura de la confianza y ver hacia adelante”, señaló López Hernández.
La inoperancia del sector salud fue el tema más difícil, explicó, y dijo que a más tardar en seis meses debe estar regularizada la cadena de distribución de medicamentos en hospitales.
“Es una situación financiera grave, comprometida, tenemos tres mil 500 millones de pesos ejercidos fuera del presupuesto que van con cargo a nuestra administración; estamos aplicando una política de austeridad”, afirmó.
“Hemos presentado algunas denuncias de carácter penal. Se inició una carpeta de averiguación, tengo entendido que van a llamar a comparecer a algunos funcionarios. No podemos actuar mediáticamente y presentar denuncias sin sustento”, expuso.
Para la lucha legal contra los exfuncionarios que hayan incurrido en delitos, el gobernador indicó que el fiscal Jaime Lastra Bastar tiene la capacidad para realizar las investigaciones y presentarlas ante los jueces.
“Tiene (el fiscal) todo nuestro respaldo jurídica y políticamente; yo no tengo ninguna duda que, en su momento, él presentará las denuncias penales correspondientes”, expresó.
López Hernández aseveró que no tiene reportes de que su antecesor vaya a ser requerido por la Fiscalía. “Sí tengo conocimiento que se ha estado llamando a algunos funcionarios, incluso de órganos desconcentrados, para aclarar algunas deficiencias o irregularidades menores que han salido en el proceso de entrega-recepción”.
Sobre cómo se ve al final de su gestión, bromeó con que no aspira a dar clases en el extranjero o a vivir en otro país u otra ciudad, y que su máxima aspiración es regresar a su Notaría. “Aspiro entregar buenas cuentas a los tabasqueños, y poder transitar libremente por el estado, esa es mi aspiración”.
